La Haya
El Estado holandés es responsable civil de la muerte de más de 300 hombres y niños musulmanes en Srebrenica, dictaminó este miércoles un tribunal que estima que los soldados del Dutchbat deberían de haberlos protegido.
"El Estado es responsable de la pérdida sufrida por los familiares de los hombres que fueron deportados por los serbios de Bosnia desde el recinto del Ducthbat de la base de Potocari el 13 de julio de 1995 por la tarde", declaró en La Haya la jueza Larissa Elwin.
"El 13 de julio por la tarde, el Dutchbat no debería de haber dejado a los hombres salir del recinto", afirmó la jueza, que añade que los soldados holandeses también "deberían haber tenido en cuenta la posibilidad de que estos hombres serían víctimas de genocidio".
"Se puede afirmar con bastante certeza que si el Dutchbat hubiera permitido a esos hombres quedarse, estarían vivos", añadió.
Sin embargo, los jueces no dan la razón a las demandantes (madres de las víctimas) sobre las demás acusaciones.
Aunque los soldados holandeses deberían de haber denunciado directamente los crímenes de guerra, el Estado holandés no es directamente responsable porque eso no habría provocado "una intervención militar directa de la ONU" y por lo tanto no habría impedido el genocidio.
El enclave de Srebrenica se encontraba bajo protección de la ONU cuando las fuerzas serbias de Bosnia se apoderaron de él en julio de 1995.
Las fuerzas serbias de Bosnia bajo mando del general Ratko Mladic mataron a unos 8.000 hombres y niños musulmanes en la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Los cascos azules holandeses del batallón Dutchbat eran pocos y no tenían suficientes armas. Estaban refugiados en una base con unos 5.000 musulmanes de las aldeas cercanas, principalmente mujeres.
En 2013, el Estado holandés había sido declarado responsable de la muerte de tres musulmanes que habían muerto tras ser expulsados de una base militar por cascos azules holandeses.
Holanda se convertía así en el primer Estado responsable de actos de sus soldados bajo mandato de las Naciones Unidas. Meses más tarde prometió que indemnizaría a los familiares con unos 20.000 euros cada uno.