Madrid
España enviará refuerzos policiales a Cataluña para mantener el orden y actuar si se lleva a cabo un referendo sobre la independencia que es considerado ilegal por las autoridades centrales, dijeron fuentes oficiales el viernes.
El Ministerio del Interior dijo en un comunicado que enviará agentes a reforzar la Policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, que también tiene órdenes de impedir la bvotación, prevista para el 1.° de octubre.
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No dijo cuántos policías despachará. Tres transbordadores en el puerto de Barcelona servirán de alojamiento para los agentes.
"Lo que hemos visto estos días son movilizaciones tumultuarias", criticó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, justificando el envío de un amplio refuerzo policial a esta región de 7,5 millones de habitantes, con sus autoridades y parte de su ciudadanía en rebeldía contra el poder central.
La acusación se produjo poco antes de que la fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid pidiera una investigación por "sedición" tras las protestas del miércoles contra las operaciones policiales en Barcelona, en la que guardias civiles se vieron rodeados y sus vehículos dañados.
En su escrito, el fiscal cita a dos figuras del independentismo catalán, los dirigentes de las influyentes asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Omnium, Jordi Cuixart, que habían llamado a protestar.
El tumulto es precisamente uno de los factores que llevan al delito de sedición, y los independentistas se apresuraron en rechazar las acusaciones proferidas desde Madrid, acusando a las autoridades españolas de crear un falso relato.
"Las manifestaciones son absolutamente cívicas, pacíficas y alegres, nada que ver con un tumulto", dijo el portavoz del gobierno regional Jordi Turull.
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El despliegue policial y judicial contra la votación aumentó el miércoles con la detención de 14 responsables políticos, la intervención financiera de la administración regional y la incautación de numeroso material electoral.
Desde entonces, las protestas proliferan por esta región.
Este viernes cientos de manifestantes se concentraron ante el juzgado donde declararon algunos detenidos, ya puestos en libertad, otros frente al Tribunal Superior de Justicia regional y cientos de estudiantes irrumpieron en el edificio principal de la Universidad de Barcelona para ocuparlo.
En tanto, un juez catalán ordenó la libertad con restricciones de seis dirigentes políticos arrestados el miércoles en la represión de los preparativos del referendo. Los seis se negaron a declarar, de acuerdo con un comunicado.
Se les investiga por desacato, abuso de poder y defraudación en relación con la consulta y deben comparecer ante la corte una vez por semana.
Muchos de los manifestantes en Barcelona pasaron la noche ante la sede judicial, durmiendo en tiendas o hamacas tendidas entre farolas.
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El Gobierno central español considera ilegal el referendo de independencia convocado por la Generalitat (Gobierno de Cataluña). La Corte Constitucional ordenó suspenderlo a la espera de su fallo.
En desacuerdo. Un amplio número de catalanes no desea la secesión. Este viernes unas 300 personas lo expresaron en una manifestación convocada por la ultraderecha ante la sede de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), algunas de ellas con actitudes algo violentas que intentaron agredir a militantes independentistas.
Ajeno a estos altercados y con una bandera española a sus espaldas, Albert Pallás aseguraba que él quería un referendo pero legal.
"Todos tenemos que respetar las leyes, pagar nuestros impuestos y ellos se lo saltan todo a la brava", lamentaba este abogado de 24 años.
Si bien el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dio por desarticulado el referendo el miércoles, tras las detenciones y la incautación de millones de papeletas de voto, las operaciones policiales siguen activas.
Este viernes la Guardia Civil realizó una inspección "con resultado negativo" en una empresa de embalaje de cartón a 60 km de Barcelona, buscando en principio las urnas electorales, cuya ubicación es secreta.
El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, también advirtió por carta al gobierno regional del envío de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que "actuarán en caso de que se mantuviera el referendo ilegal".
Además, la justicia ordenó el cierre de la web donde se informa de la ubicación de los colegios electorales.
Hasta ahora, el presidente regional, Carles Puigdemont, desoyó la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.
"Lo siento España, Cataluña votará sobre la independencia os guste o no", titulaba una tribuna suya en el diario estadounidense Washington Post.
Su causa recibió un leve espaldarazo del Parlamento Europeo, donde 47 de sus 750 diputados, mandaron una carta a Rajoy denunciando "acciones represivas" de su gobierno y asegurando, como Puigdemont, que la región vive "bajo un estado de sitio encubierto".