Estrasburgo (AFP).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió este lunes la liberación de la etarra Inés del Río Prada, con lo que dio por anulada la aplicación retroactiva de la doctrina Parot y abrió la puerta a la liberación de decenas de presos de ETA.
También condenó una vez más a España por la detención prolongada de Inés del Río Prada, a raíz de la aplicación retroactiva de la llamada doctrina Parot, y pidió su liberación "en el más corto plazo".
La decisión de la Gran Cámara del TEDH confirma el veredicto pronunciado en julio del 2012 por el tribunal de Estrasburgo, que es ahora definitivo.
Como en la sentencia del 2012, el TEDH reprochó a España el haber aplicado a la demandante Inés del Río Prada de manera retroactiva la nueva jurisprudencia, llamada doctrina Parot, y consideró que España violó en este caso la Convención Europea de Derechos Humanos.
"El Tribunal estima que la demandante no podía ni prever que el Tribunal Supremo aplicaría un cambio de jurisprudencia en febrero del 2006 ni que ese cambio de jurisprudencia le sería aplicado acarreando una postergación de la liberación", de 2008 a 2017, estimaron los jueces de Estrasburgo.
"Por tanto, la demandante ha purgado una pena de detención de una duración superior a la que hubiera debido sufrir según el sistema jurídico español en vigencia en el momento de su condena", consideró el tribunal, que pidió a España que libere a Inés del Río Prada "en el más breve plazo".
Este veredicto definitivo podría obligar a España a liberar a decenas de presos de la organización separatista armada vasca ETA, y también a reos condenados a largas penas por causas comunes.
La decisión del tribunal se anuncia un día después del segundo aniversario del alto el fuego definitivo anunciado por ETA, responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados.
La jurisprudencia, llamada doctrina Parot, establece que las reducciones de condena se aplican sobre cada una de las penas que pesan sobre la persona detenida, y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley.
Esta interpretación prolonga el tiempo de encarcelamiento en caso de múltiples condenas.
Del Río –de 55 años y encarcelada desde 1989– fue condenada a diferentes penas por su participación en diversos atentados. El total de las condenas sumaba más de 3.000 años de cárcel que en la práctica quedaron reducidos a 30 años, el máximo de cumplimiento efectivo, según la legislación española entonces en vigor.