Barcelona. AFP. Miles de catalanes se manifestaron ayer para reclamar su derecho a votar sobre la independencia el 9 de noviembre, desafiando la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional español de esta consulta.
El día después de esta esperada decisión, el Gobierno catalán se mostró determinado a continuar adelante e inició la defensa jurídica de este proceso que ha generado un conflicto con Madrid .
“Hay una situación procesal que no se puede pasar por alto, pero es evidente que ayer (lunes) no terminó nada”, dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
El vocero gubernamental reclamó también la movilización ciudadana que se materializó por la tarde con manifestaciones en las plazas de numerosos municipios, que se llenaron de gritos de “independencia” y “votaremos”.
El lunes, el Tribunal Constitucional aceptó los recursos presentados antes por el Gobierno español y suspendió cautelarmente la convocatoria, dándose un plazo de cinco meses para dictar sentencia.
Esperando esta decisión “en el mínimo tiempo posible”, Homs anunció la suspensión de la campaña informativa de la consulta .
Potente región industrial de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, con una fuerte identidad cultural e idioma propio, Cataluña lleva años en conflicto conMadrid, que le niega el derecho a decidir su futuro unilateralmente.
“Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español”, arguyó el lunes el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Una iniciativa que en su opinión no se ajusta a la Constitución de 1978 , pilar de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que consagra la “indisoluble unidad de la Nación española” y otorga la soberanía nacional al pueblo español.
Respondiendo al grupo socialista en el Senado este martes, Rajoy se mostró “dispuesto a escuchar” la reforma constitucional propuesta por la principal fuerza de la oposición para solventar el conflicto catalán, aunque, matizó, “no es la prioridad del Gobierno”.