Berlín
El consejo de ministros alemán aprobó este martes reformas legales para hacer frente a la avalancha de refugiados, como simplificar el proceso de petición de asilo, reducir el número de países inseguros y recortar la cuantía de algunas prestaciones.
Mientras tanto, la situación sigue amenazando con desbordar a Alemania, que a pesar de los controles fronterizos ha recibido unos 230.000 refugiados en las últimas tres semanas, unos 10.000 al día, según publica el diario Bild.
Las medidas del Gobierno de la canciller Angela Merkel persiguen descongestionar a la tramitación de peticiones de asilo tanto acelerando el proceso administrativo de decisión como reduciendo el número de posibles candidatos.
Las reformas pretenden acelerar el proceso de asilo, eliminar los alicientes perversos a la inmigración, descargar a los municipios de las cargas financieras derivadas, integrar antes y mejor a quienes tengan derecho a quedarse y devolver rápidamente a quienes no, explicó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert.
Así, Albania, Kosovo y Montenegro han pasado a ser países de origen seguros, lo que deja a sus nacionales casi sin oportunidades reales de acogerse a asilo en Alemania.
Las tasas de aceptación de los demandantes de asilo de estos países estaba ya por debajo del 1 %, según cifras de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) , ya que sus motivos son meramente económicos.
La reforma legal busca asimismo acelerar la devolución a sus países de origen de los ciudadanos de estos Estados balcánicos. También contempla reducir al máximo el dinero en efectivo que se entrega a los peticionarios de asilo y aumentar todo lo que sea posible las ayudas en especie, en bienes concretos y servicios.
A nivel financiero, los cambios incluyen el pago, por mes y peticionario de asilo, de 670 euros del Gobierno central a los municipios que atienden a los refugiados, para descargarlos parcialmente de sus actuales problemas presupuestarios.
Varias organizaciones no gubernamentales han criticado ya que la propuesta del Consejo de Ministros es en parte ilegal, pues atenta contra los derechos humanos.
El Gobierno aspira a que la reforma entre en vigor en noviembre y la ha enviado al legislativo por procedimiento urgente.