Quito. EFE El referendo para una reforma judicial en Ecuador responde a la impresión generalizada de que se necesitan cambios en la justicia, pero la propuesta del Ejecutivo para hacerlo suscita el temor a que derive en un acaparamiento de poderes, según expertos.
El próximo 7 de mayo, los ecuatorianos deben pronunciarse, entre otros asuntos, sobre la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura, el órgano rector del sistema judicial, por uno de transición formado por tres miembros designados por el Ejecutivo, el Legislativo y la Función de Transparencia y Control Social.
A criterio de Gustavo Larrea, exministro del presidente Rafael Correa y contrario a la consulta, lo que se pretende es “controlar la Justicia”, algo que el Gobierno niega.
Las tres personas designadas tendrán un año y medio para reestructurar el sistema judicial, tiempo que el propio Correa ve limitado para la envergadura del proyecto, aunque le parece suficiente para lograr “cambios sustanciales” .
“La reforma judicial en Chile tomó diez años. Nosotros tenemos que hacerlo en menos tiempo y mejor, pero va a tomar más de 18 meses, eso es claro” , apuntó el presidente recientemente.
Germánico Maya, exintegrante del Consejo de la Judicatura, cree que el Consejo temporal debe establecer las bases del cambio estructural del sistema judicial. “En 18 meses muy difícilmente podrá alcanzar a terminar con estos elementos básicos indispensables, de ahí que muy difícilmente va a poder alcanzar a nombrar nuevos jueces y funcionarios judiciales”, dijo.
Con 35 años de experiencia, Maya argumenta que “un sistema como el que actualmente funciona no puede tener más vigencia” .
“Estamos frente a una coyuntura absolutamente caotizada, sin credibilidad, sin operadores capacitados como para poder hacerla resurgir y con un marco de leyes que le imposibilitan al sistema resurgir. Estamos sumidos en un caos y no podemos seguir más así”.
En las urnas se consultará, además, sobre la posibilidad de sancionar a jueces, fiscales, abogados y peritos que dilaten procesos para que caduque la prisión preventiva, lo que ahora obliga a poner en libertad condicionada al detenido.
También la consulta plantea restringir la capacidad de los jueces para dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Larrea opina que la presunción de inocencia es la “piedra angular” de los derechos ciudadanos y “pretender que la justicia y la seguridad requieren de la supresión de la libertad es retroceder siglos atrás” .
En cambio, el ministro de Justicia, José Serrano, ve el otro ángulo: “¿Qué pasa con la víctima?”.
“¿A quién está defendiendo la oposición? Es la gran pregunta que debemos hacernos. Están defendiendo a quien presumiblemente comete un delito o a la víctima del delito”, comentó.
Tras el Consejo temporal de la Judicatura se conformará, si gana el “sí” en la consulta, un Consejo permanente con cinco miembros, en lugar de los nueve actuales.
Serrano dijo que se designarán a través de un concurso de merecimientos y no “a dedo”, como en su opinión ocurre ahora.
En cambio, Larrea destaca que el mecanismo constitucional vigente ya obliga a convocar concurso público de merecimientos para escoger a sus integrantes.
El exministro reconoció que la reforma de la justicia es necesaria, pero comentó que “el cambio no es concentrarlo en el Ejecutivo”.
Por su parte, Serrano destacó el valor de la “participación ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos más trascendentales”.
En un estudio, realizado por la encuestadora CMS entre el 18 y el 25 de abril, el “sí” gana en 9 de 10 preguntas, mientras que en la que propone prohibir que la banca y la prensa posean negocios fuera de su sector hay empate técnico.
Unos 11,2 millones de ciudadanos ecuatorianos están convocados a las urnas.