Washington (AFP). Un aumento de 24% del salario mínimo, una de las grandes promesas del reelecto presidente Barack Obama , irrumpe en el debate político en Estados Unidos, dividiendo a economistas y empresarios en momentos en que el empleo se recupera.
"Voy a seguir presionando para que el salario mínimo sea más alto y permita a las familias estadounidenses vivir", reiteró Obama a principios de marzo, tras comprometerse a llevarlo de $7,25 a $9 la hora en su discurso sobre el Estado de la Unión, a mediados de febrero.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el salario mínimo se reajusta anualmente en forma automática, en Estados Unidos no está indexado a la inflación y puede estancarse durante años. El último aumento a nivel federal, de 10,6%, fue en julio de 2009.
"Tomar una medida respecto al salario mínimo se ha demorado demasiado tiempo", dijo en un correo electrónico el Secretario de Trabajo asistente, Seth Harris.
Asfixiado por las peleas del presupuesto, el debate sobre el salario mínimo comienza a hacerse un lugar en la primera economía mundial, donde su nivel actual representa sólo el 38% del salario medio en Estados Unidos, frente al 46,1% en el Reino Unido, por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tras presentar una propuesta para un salario mínimo de 10,10 dólares, la líder del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, afirmó el jueves querer "honrar (sus) compromisos hacia la clase media", incluso si votar la ley requerirá el consentimiento de los republicanos, firmemente opuestos a esta medida.
Los estadounidenses, por su parte, se muestran favorables a la iniciativa. Según una encuesta de Gallup divulgada el miércoles, el 71% apoya el proyecto del presidente Obama
"La brecha entre el salario medio de los trabajadores estadounidenses y el salario mínimo es muy profunda", dijo William Spriggs, un ferviente defensor de esta medida y economista jefe de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor federación de sindicatos del país, que se afirma representar a 12 millones de asalariados.
Los economistas y la comunidad empresarial están más divididos.
La conservadora Cámara de Comercio de Estados Unidos cree que esta medida "pesaría de forma desproporcionada" en las pequeñas empresas, menos capaces de "absorber" un aumento del costo de mano de obra, a riesgo de frenar el empleo.