Montevideo (AFP). El Senado uruguayo debatía hoy un proyecto para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, lo que convertiría al país en el segundo de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba.
En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal en Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.
El proyecto ya fue aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra.
En el Senado, con 31 bancas, el proyecto es respaldado por los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y el opositor Jorge Saravia, quien fue firmante del proyecto de ley original, antes de alejarse del FA e incorporarse al Partido Nacional.
El debate, que ha generado fracturas internas en todos los partidos, enfrenta a quienes defienden el derecho del embrión con quienes apuntan al proyecto como alternativa a la ineficacia de la ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que consienta un aborto y a quien colabore con el mismo.
"Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay", destacó el senador del FA Luis Gallo, enfatizando que "la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta".
"Solo el 0,04% de los 30.000 abortos que se dice se realizan en Uruguay terminan en procesamientos", enfatizó el legislador, opinando que el proyecto "va a transformar en ley una aspiración de la mayoría de la sociedad uruguaya que la está esperando desde hace mucho tiempo".
Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, frente a unos 47.000 nacimientos.
Diversos proyectos para legalizar la interrupción del embarazo ya habían fracasado en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998 y 2002.
Esta es además la tercera iniciativa que analiza el FA desde su llegada al poder en 2005. En 2008, el Parlamento despenalizó la interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez -también del FA- alegando "principios éticos".
En diciembre de 2011 el Senado aprobó otro proyecto para legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y por la sola voluntad de la mujer, pero el texto fracasó en la Cámara de Diputados por la oposición de un legislador oficialista.
El FA negoció así una versión alternativa con el Partido Independiente (PI), que prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desea abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción.
Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, cuestionó que "esta es una mala solución a un problema médico social que tiene este país", indicando que instaura un sistema "complejo y dificultoso" y que acceder a una entrevista con un equipo multidisciplinario será "prácticamente imposible" en gran parte del interior del país.
El proyecto en debate se inspira en el trabajo realizado durante la última década por obstetras uruguayos, según dijo el viceministro de Salud, Leonel Briozzo.
Actualmente, la legislación uruguaya ofrece asesoramiento pre y post aborto a las mujeres que así lo desean. Pero los médicos sólo pueden aconsejar y no practicar la interrupción del embarazo, ni recetar el medicamento más usado para abortar, el misoprostol, fármaco para las úlceras que facilita la expulsión del feto.
Paradójicamente, el texto que finalmente sería aprobado es cuestionado tanto por los grupos "ProVida" como por la Coordinadora por el Aborto Legal, quienes dicen que no garantiza a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y que no es el proyecto por el que han peleado tantos años.