El sacerdote español Antonio Rodríguez, detenido hace una semana por supuesta colaboración con pandillas en El Salvador, acudió este martes a una audiencia judicial por nuevas acusaciones de la Fiscalía.
A la audiencia, en un Tribunal Especializado de Instrucción de San Salvador, asisten otras 37 personas vinculadas en distintos hechos y se prevé que la resolución tarde varias horas.
Rodríguez recibió medidas cautelares el lunes por otras acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), pero siguió detenido en una dependencia policial en espera de la nueva audiencia.
Decenas de feligreses y miembros de organizaciones sociales se apostaron frente al tribunal con pancartas y mantas con leyendas de apoyo al religioso, quien es párroco del municipio de Mejicanos, cercano a San Salvador, y dirige un programa de rehabilitación de pandilleros.
El fiscal del caso, Rodríguez, explicó que se acusa al sacerdote de los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios vinculados directamente con un cabecilla preso de la pandilla Mara 18, Carlos Mojica, alias “El Viejo Lin”.
Añadió que el nexo entre Rodríguez y el jefe pandillero fue “un hallazgo” que la FGR hizo mediante interceptaciones telefónicas durante la investigación de un caso de extorsión, pero aclaró que el religioso no está ligado a este último delito.
Otros señalamientos son la introducción de televisores, ventiladores, joyas o teléfonos móviles, que son objetos prohibidos en los centros penitenciarios.
Una abogada de la defensa del padre Rodríguez, Bertha de León, declaró a los periodistas que las acusaciones solamente son meras interpretaciones o especulaciones fiscales.
Sostuvo que no hay un reconocimiento de voz que compruebe que el cabecilla Mojica sea quien habla con Rodríguez en las grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas por la FGR.
La abogada señaló que lo hecho por el sacerdote español “ha sido exagerado por parte de la Fiscalía” y que entre los demás detenidos hay quienes cometieron delitos “mucho más graves”.