Washington. AFP. La Corte Suprema de Estados Unidos aparecía dividida ayer sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Barack Obama cuando uno de los jueces, cuyo voto será decisivo, se mostró escéptico en varias ocasiones sobre el futuro de la ley.
El juez Anthony Kennedy, quien vota tanto a derecha como a izquierda, podría de nuevo ser clave en un debate que desencadena pasiones en Estados Unidos.
Los nueve jueces, cinco nombrados por un presidente republicano y cuatro por uno demócrata, deben decidir si la medida más controvertida de la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama, llamada “mandato individual” y que consiste en la obligación de suscribir un seguro de salud antes de 2014 o enfrentar sanciones económicas, es constitucional .
Examen. La Corte examinaba una demanda contra el mandato individual presentada por 26 estados, todos republicanos, una asociación de pequeños empresarios y cuatro particulares.
Paul Clement, abogado de los estados demandantes, dijo que la “ley amplía de manera espectacular la autoridad federal” e “impone nuevas obligaciones a todos, desde los estados hasta las compañías aseguradoras, desde empleadores privados hasta los individuos”.
En nombre del Gobierno, el fiscal general adjunto, Donald Verrilli, argumentó que esta disposición “para una cobertura mínima, entra perfectamente dentro de los poderes del Congreso” para regular el comercio interestatal.
El juez Kennedy, nombrado por el republicano Ronald Reagan, se mostró escéptico en varias ocasiones. Si bien los jueces han de presumir que las leyes son constitucionales, advirtió a Verrilli que tendría que argumentar muy bien su justificación para defender la constitucionalidad de esta norma.
Con la excepción del presidente del tribunal, John Roberts, quien parecía más ambivalente, los jueces conservadores de la Corte parecieron alinearse detrás de la opinión de que el Estado federal está forzando el comercio al solicitar que todos los individuos compren un seguro sanitario.
Una enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que las personas se vean forzadas a comprar productos, pero los jueces más liberales del tribunal insistieron en que el mercado de la salud era diferente al mercado automotor o de la alimentación.
El objetivo del Gobierno es que 32 millones de estadounidenses hasta ahora sin seguro de salud tengan uno y cerrar así un agujero presupuestario de $43.000 millones, generado por las personas que no cuentan con cobertura médica.
La decisión de la Suprema Corte deberá producirse a finales de junio, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales.