San Pedro Sula, Honduras. AP y redacciónMás que una cárcel, parece un mercado.
Dentro del Centro Penal de San Pedro Sula, una de las cárceles más peligrosas de Honduras, los reos han creado su propia ciudad, un mundo donde mapaches, perros, cerdos y gallinas se entremezclan con los presos entre puestos de comida, montañas de basura y riachuelos de aguas negras.
Los reos han creado un mercado donde transan desde iPhones hasta prostitutas. Un terreno con ley propia, donde los guardias del penal no se atreven a cuestionar.
“Son los reos quienes gobiernan el centro penitenciario”, afirmó a AP Carlos Polanco, subdirector del centro. De hecho, la división territorial es clara: una línea amarilla divide el mercado de la zona donde se localizan los guardias (un sector entre dos puertas con candados) y estos se encargan de la seguridad exterior. Cualquier violación a estos límites se paga con un disparo.
En este sistema extraoficial, las autoridades se hacen la vista gorda y reciben parte de las ganancias de esos negocios tras las rejas.
“El Estado nos da 13 lempiras por preso al día (unos $0,60). Con ese dinero se morirían de hambre y se tienen que alimentar”, justificó el administrador del centro, Hugo Hernández.
Dueños y jefes. Noé Betancourt es el líder de los reclusos y está a cargo de explicarles cuáles son las tarifas que rigen en el penal. Cada litera tiene su precio (desde $50 a $750) y los que no pueden pagar, les toca dormir en el suelo y realizar los trabajos más duros.
En este territorio no hay ninguna ley escrita en piedra. De hecho, el predecesor de Betancourt, fue decapitado por los reclusos, por aumentar los precios de las celdas y abusar y torturar a los reos.
Los funcionarios del Centro Penal no tienen problemas en aceptar su complicidad y lo consideran la única forma de hacer la situación sostenible, ya que el Gobierno hondureño invierte solamente un promedio de $250 anuales por reo.
Bomba de tiempo. En el último informe sobre Honduras del Subcomité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, publicado en el 2010, se menciona que la corrupción ha impregnado todo el sistema penitenciario y que involucra tanto al personal penitenciario, los reclusos y personas externas.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de los incendios ocurridos en las penales de San Pedro de Sula y Comayagua en febrero y marzo, acusó al Gobierno de Honduras de dejar el sistema penitenciario a la suerte y no tomar medidas adecuadas.
Los proyectos que existen para construir una nueva cárcel llevan 10 años empolvados en las oficinas del Estado, quienes no han tan siquiera, transferido los terrenos.
Producto de dicha situación, los mismos reos están cotizando materiales para ampliar el penal.
“Trabajando nosotros, y con apenas $10.000, en tres meses podemos ampliar la capacidad del recinto en unos 500 internos”, confirmó el propio Betancourt.