El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la nueva ley de comunicación que reducirá la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias, y que es denunciada por opositores como un mecanismo de censura.
"Pudimos revisar el proyecto de ley enviado por la Asamblea, no hay nada que cambiar. Vamos a ponerle el ejecútese sin ningún veto", informó Correa en su informe semanal de labores que fue grabado el viernes y divulgado el sábado.
Tras recibir el visto bueno del mandatario, la ley deberá volver al Congreso, donde fue aprobada por una amplia mayoría, para su publicación inmediata en el Diario Oficial.
Correa aseguró que su aval a la norma "es una respuesta a los grandes negocios, a las ONG fantoches y los imperialistas que pretenden mandar en nuestro país".
La ley ha recibido críticas de diversos sectores, como la prensa privada ecuatoriana, la ONG Human Rights Watch, el relator de libertad de expresión de la ONU, Frank la Rue, y el Departamento de Estado norteamericano por considerar que atenta contra la libertad de expresión.
"Con absoluta soberanía va el ejecútese a esta ley histórica", aseveró el mandatario, en el poder desde 2007 y quien permanecerá en su cargo hasta 2017.
La normativa establece una redistribución progresiva de las frecuencias de radio y televisión para conceder 34% a medios comunitarios, 33% a los públicos y 33% a los privados, mediante la asignación de las licencias disponibles y la reversión de aquellas obtenidas ilegalmente o por incumplimiento de normas, para lo que aún no hay plazos.
Actualmente, 83% de las 1.147 frecuencias radiales y 68% de las 548 estaciones televisivas de señal abierta están bajo la categoría de comercial privada en la estatal Superintendencia de Comunicaciones.
Asimismo, la ley crearía un consejo regulador con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad ulterior y cuya finalidad es regular la difusión de contenidos violentos, sexuales o discriminatorios.
La ley se enmarca en la disputa entre Correa y un sector de la prensa al que acusa de manipular la información y de desprestigiarlo e intentar desestablizar su gobierno.