Brasilia
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció este viernes una reforma de gabinete que busca fortalecer su apoyo en el Congreso para aprobar un paquete de ajuste y alejar el fantasma de un juicio político.
La gobernabilidad se convirtió en una prioridad para la mandataria, que tiene apenas un apoyo de 10% de la ciudadanía y está asfixiada por una recesión económica en momentos en que su Partido de los Trabajadores (PT) es ametrallado por denuncias de corrupción en la estatal Petrobras.
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"Precisamos estabilidad política. Por eso, esta reforma tiene un propósito: actualizar la base política del gobierno, buscando una mayoría que amplíe nuestra gobernabilidad", dijo Rousseff en un acto en Brasilia.
"Los gobiernos de coalición necesitan de apoyo en el Congreso. Vivimos en una democracia. Es con el Congreso elegido por el pueblo brasileño que mi gobierno tiene que dialogar para la aprobación de medidas y leyes que aceleren la salida de la crisis (...) Necesitamos colocar los intereses del país por encima de los intereses partidarios", añadió la presidenta en su mensaje.
La modificación elimina ocho de los 39 ministerios actuales y le entrega la cartera de Salud —la de mayor presupuesto del Estado— al diputado Marcelo Castro, del PMDB (centro), principal socio del PT en el Parlamento. Con este cambio, esa fuerza pasará a administrar siete áreas de gobierno, una más de las que tenía, incluida la de Ciencia y Tecnología, que quedará en manos del diputado Celso Pansera.
Además, la maquinaria pública perderá 30 secretarías nacionales y 3.000 puestos de asesoría pública estatal. Los cambios incluyen además un recorte de 10% en el salario de los ministros.
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Rousseff, de 67 años, busca retomar la iniciativa que perdió a manos de un Congreso fragmentado y rebelde desde que comenzó su segundo mandato en enero, tras una ajustada victoria electoral en 2014.
Como parte de la reestructuración, Rousseff también anunció el nombramiento como nuevo jefe de gabinete de Jaques Wagner, un histórico del PT que conducía Defensa y es muy cercano a Lula, en reemplazo de Aloizio Mercadante, que pasó a Educación.
Si los cambios consiguen que el PMDB respalde al gobierno, los asesores de la mandataria podrán dejar de mirar obsesivamente el número 342, que es la cantidad de diputados que se necesitan para iniciar un juicio político en el recinto de 513 miembros. También será vital para la aprobación de recortes de gasto público y la creación de nuevos impuestos que el gobierno impulsa tras la pérdida del grado de inversión el mes pasado.
Después de 12 años en el poder, nada parece funcionar bien para el PT.
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Su extesorero fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras para financiar al partido y José Dirceu, exjefe de Gabinete del primer gobierno de Lula (2003-2010) enfrenta un juicio por la misma causa y es señalado como el creador del fraude empresario-político que drenó al menos 2.000 millones de dólares de la petrolera.
"Esta gran confusión sólo va a resolverse en 2018 cuando asuma un nuevo presidente que esté legitimado. Hasta ese entonces, vamos a vivir una agonía", anticipó el cientista político Ribeiro.