Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se avocó este martes a presionar sobre la gravedad de la amenaza terrorista, acusando a los medios y la justicia de subestimarla, horas antes de una audiencia en una corte de apelaciones sobre el futuro de su polémico decreto antiinmigratorio.
En la Casa Blanca, junto a un grupo de comisarios de policía, Trump apuntó que su orden de prohibir la entrada al país de inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana era de "sentido común" y "muy importante para el país" a fin de protegerlo, según él, de ataques terroristas.
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La presidencia minimizó el alcance de la próxima decisión del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco, que examinaría el tema en la tarde de este martes.
"La cuestión esta tarde está relacionada con la suspensión temporal (del decreto), no tiene nada que ver con el fondo del asunto", dijo Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, durante su encuentro cotidiano con la prensa. "Por ello estamos confiados" en la decisión del organismo judicial, señaló.
Pero el presidente republicano, que multiplicó este fin de semana los tuits incendiarios contra el juez de Seattle que suspendió la aplicación del decreto y el sistema judicial en general, ¿está listo para aceptar una nueva derrota en los tribunales?
"Por supuesto, el presidente respeta a la rama judicial pero tiene el poder de hacer lo necesario para garantizar la seguridad del país", respondió su portavoz.
En todo caso, la cuestión no quedará resuelta por el momento: los tres jueces federales que escucharán los argumentos no darán su fallo este martes sino luego en la semana.
Por lo pronto el decreto, que cerró las fronteras a todos los refugiados por 120 días (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, queda suspendido.
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En un tuit, Trump había intentado hacer responsable al juez de un eventual ataque terrorista en suelo estadounidense. "Si algo sucede, háganlo responsable, así como a todo el sistema judicial", escribió, lo que generó fuertes condenas en todo el país.
Ante la colosal oposición judicial a una de sus más emblemáticas promesas de campaña –desafiada en una demanda respaldada por unos 130 gigantes tecnológicos, grupos de derechos humanos y las fiscalías de 16 estados– el presidente arremetió contra los medios.
Subestiman la amenaza. El lunes, Trump acusó a los medios "deshonestos" de subestimar la amenaza del terrorismo, señalando que exprofeso ocultaron ataques de grupos yihadistas.
La Casa Blanca luego distribuyó una lista de 78 ataques que, indicó, fueron "ejecutados o inspirados por" el grupo yihadista Estado Islámico (EI), señalando que la mayoría no recibió la debida cobertura en los medios, sin especificar cuáles.
El listado incluye numerosas atrocidades que dominaron la cobertura informativa del mundo por días, entre ellas los ataques en París de noviembre de 2015 o el tiroteo en San Bernardino, California en diciembre de 2015.
"Entiendo la completa deshonestidad de los medios mejor que nadie y se lo dejo saber a las personas", declaró el martes.
En documentos entregados a la corte el lunes, el Departamento de Justicia señaló que la firma de decretos constituye un "ejercicio legal" de la autoridad presidencial y calificaron la decisión del juez como "enormemente excesiva".
Si la corte en San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema, que necesitará una mayoría de cinco contra tres para rechazar el fallo del tribunal de apelaciones.
Pero ese escenario es una incógnita: las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.
Decretada el 27 de enero, la prohibición generó la confusión inicial de las propias agencias migratorias encargadas de implementarla, sembró el caos en los aeropuertos y desencadenó protestas mundiales. Tras un apoyo popular inicial, una leve mayoría de los estadounidenses la rechaza ahora, según dos nuevos sondeos.
Pero el nuevo secretario de Seguridad Interior, John Kelly, defendió la medida este martes en el Congreso, aunque reconoció errores en la implementación.
El decreto "nos da una oportunidad de pausar y decidir qué chequeos adicionales podríamos agregar a lo que ya tenemos, que es mínimo en mi opinión", dijo Kelly a la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.
Acusó a los jueces de vivir en "un vacío". "Si pasa algo malo, por haber dejado a alguien entrar, no le preguntarán al juez por su fallo, le preguntarán a personas como yo", señaló.
El decreto, mientras tanto, sigue alimentando críticas en el mundo hacia el nuevo presidente estadounidense.
"Damos las gracias a ese señor porque nos facilitó la tarea mostrando el verdadero rostro de Estados Unidos", declaró el martes el ayatola Alí Jamenei, guía supremo iraní, refiriéndose a Trump, en un discurso ante militares en Teherán.