Tribunal de Guatemala aplaza juicio a exdictador Ríos Montt

Organismo Judicial deberá elegir jueces para el debate por delitos de genocidio

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Ciudad de Guatemala. AFP y ACAN-EFE. El inicio del proceso por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt deberá esperar, luego de que el tribunal que vería el caso suspendió ayer el juicio al acoger una recusación de la defensa contra la presidenta de la instancia judicial.

Por tanto, será otro tribunal el que juzgará a Ríos Montt, quien gobernó con puño de hierro entre 1982 y 1983. Una cámara penal del Organismo Judicial deberá elegir los nuevos jueces.

La defensa del militar argumentó en la recusación que la jueza que preside el Tribunal B de Mayor Riesgo, Irma Janeth Valdez Rodas, hizo una tesis académica relacionada con el tema del genocidio hace una década, por lo que cuestionó su imparcialidad.

La presidenta aseguró que el texto académico no interfería con su capacidad para llevar a cabo el juicio en contra de Ríos Montt, pues “es un trabajo de investigación” que “ no emite juicio” y “busca contribuir con criterios jurídicos” .

La jueza también cuestionó que la recusación no se hiciera hasta el 30 de diciembre cuando tanto la defensa de Ríos Montt como la fiscalía guatemalteca estaban al tanto desde hace casi un semestre que el caso estaba en manos de dicha corte.

Valdez dijo que la votación fue por mayoría: dos de las tres juezas votaron a favor de su separación.

Inusual comparecencia. Horas antes de suspender el juicio, Valdez había ordenado al general retirado, de 88 años, asistir a la sala de audiencias tras rechazar una solicitud de la defensa para permitir que se ausentara por problemas de salud.

Ríos Montt fue conducido por paramédicos en una ambulancia y llegó junto a su hija, la exdiputada Zury Ríos, a la sala de debates en camilla y con piyamas.

Luego de escuchar la decisión del tribunal, Ríos Montt abandonó el recinto entre gritos de “genocida” y “queremos justicia” de parte de manifestantes.

“El retardo (del juicio) y la denegación de justicia significa impunidad”, manifestó el abogado Francisco Vivar, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) , uno de los querellantes en el caso.

Larga batalla. Ríos Montt fue condenado en mayo del 2013 por otro tribunal a 80 años de prisión por el delito de genocidio, al encontrarlo culpable de la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el norte del país durante su régimen.

Empero, la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, anuló la sentencia al considerar que se cometieron errores durante el proceso y ordenó repetir el juicio .

Junto a Ríos Montt también sería procesado su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, absuelto en el 2013.

Bajo arresto domiciliario, el exgobernante pasa los días en su residencia en un sector exclusivo en el este de la capital, en “reposo absoluto” debido a problemas en la columna vertebral por su avanzada edad, afirmó Luis Rosales, uno de sus defensores.

“Tiene únicamente autorizado por parte de los médicos poder trasladarse al baño, nada más, pero tiene que estar acostado con un aparato especial”, agregó.

Según su defensa, enfrenta además padecimientos cardíacos y oftalmológicos que se agravarían debido a las largas jornadas previstas durante el juicio.

Además del nuevo juicio, el militar mantiene una batalla legal para que la Justicia le otorgue una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982, mas una ley en 1996 excluyó el genocidio.

Para las organizaciones querellantes, existen “pruebas contundentes” para volver a demostrar la culpabilidad del exdictador por el delito de genocidio y lograr una nueva sentencia.

Juan Francisco Soto, director de Caldh, aseguró que iban a presentar en el debate más de 800 pruebas contra Ríos Montt .

“Si ya se probó una vez el delito de genocidio, se volverá a probar; las pruebas son contundentes”, aseguró Soto, quien lamentó que tres de los testigos que rindieron su declaración en el primer juicio fallecieron de causas naturales.

El régimen de facto de Ríos Montt es considerado el más sangriento de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, la cual dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de las Naciones Unidas.