Washington
Dos psicólogos que ayudaron a diseñar el programa de interrogatorios de detenidos de la CIA, tras los ataques del 11 de setiembre del 2001, irán a juicio por fomentar el uso de métodos de tortura como ahogamiento simulado y encadenamiento de prisioneros en posiciones estresantes.
Jueces federales en el estado de Washington ordenaron la realización de un juicio con jurado, en respuesta a una demanda de tres exreos –uno de los cuales murió en una cárcel de la CIA después de duros interrogatorios– y rechazando los esfuerzos para obligar a archivar el caso y evitar una audiencia completa.
La demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), será la primera que involucre al programa de tortura en un juicio, a realizarse en setiembre próximo.
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El Gobierno logró evadir iniciativas anteriores con el argumento de que es necesario proteger información delicada de inteligencia.
El caso involucra a los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, que fueron reclutados por la CIA en el 2002 para ayudar a diseñar y llevar a cabo los interrogatorios de sospechosos en el marco de la guerra contra el terrorismo capturados en Afganistán y otros lugares.
Los dos cobraron $80 millones por su trabajo, que incluía ayudar a interrogar a Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de setiembre del 2001 en Estados Unidos atribuidos al grupo al-Qaeda, y a Abu Zubaydah, otro alto miembro de la organización armada.
La ACLU alega que Jessen y Mitchell fueron responsables, y se beneficiaron económicamente, de la tortura ilegal del tanzanio Suleiman Abdullah Salim, el libio Mohamed Ahmed Ben Soud, y el afgano Gul Rahman.
Los dos primeros fueron liberados tras años de prisión, mientras que Rahman murió de hipotermia en una celda de una cárcel de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en noviembre del 2002, después de lo que la ACLU denunció como dos semanas de "brutal tortura".
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"Este es un día histórico para nuestros clientes y todos los que buscan la rendición de cuentas por la tortura", señaló el abogado de la ACLU, Dror Ladin, en un comunicado.
"El fallo de la corte implica que, por primera vez, las personas responsables del brutal e ilegal programa de torturas de la CIA enfrentarán una responsabilidad legal por lo que hicieron. Nuestros clientes han esperado mucho tiempo por justicia", sostuvo Ladin.
El tribunal desechó los argumentos de la defensa de los psicólogos de que ellos no eran responsables de todas las actividades en las sesiones de la CIA y de que no tenían nada que ver con los interrogatorios de dos de los hombres involucrados.
Los señalados también alegaron, entre otras cosas, que no eran responsables de tomar las decisiones de utilizar las llamadas "técnicas de interrogatorio mejoradas" en los casos específicos de esos tres detenidos, sino que solamente proporcionaron a la CIA una lista de métodos para elegir.