Ciudad de Guatemala
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque, demandó el martes a las autoridades impulsar una reforma integral en el Sistema Penitenciario (SP) tras la matanza de 14 personas, entre ellos una argentina que visitaba en la prisión a un exmilitar condenado por asesinato, registradas el lunes en la cárcel de Pavón.
De León hizo un llamamiento "enérgico" al Gobierno a "dejar de lado las acciones parciales y reactivas", y le exigió que impulse "seriamente una reforma integral que no solo devuelta al Estado el control de los centro de detención, sino que permita la rehabilitación de los reclusos".
El defensor también pidió al Ministerio Público (MP) que realice las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales de la matanza.
Mientras, el supuesto responsable del motín, Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, fue trasladado de la cárcel de Pavón a otra instalada en el complejo militar Matamoros, en el centro de la capital.
Otros 24 reos vinculados al ataque también serán trasladados a otras prisiones, agregó Luis de León, director del Sistema Penitenciario.
La cantidad de víctimas fatales por la revuelta ascendió a 14 después de la muerte, el martes en la tarde, de un interno quien ingresó al Hospital San Juan de Dios con lesiones por arma de fuego, confirmaron fuentes del cebtro médico.
En un pronunciamiento público, el procurador condenó los "sangrientos y violentos" sucesos ocurridos en la Granja Penal de Pavón, en donde fueron asesinados 13 reclusos, entre ellos el capitán del Ejército Byron Lima Oliva, quien cumplía una condena de 20 años por el asesinato, en 1998, del obispo guatemalteco Juan José Gerardi.
Además, la modelo argentina y especialista en gestión ambiental Joanna Birriel fue asesinada cuando visitaba a Lima Oliva.
"Este lamentable hecho refleja el abandono en que históricamente el Estado de Guatemala ha tenido al Sistema Penitenciario, lo que se traduce en el control que las estructuras criminales ejercen en las prisiones del país e incluso en donde se organizan y ejecutan con absoluta impunidad, la comisión de hechos delictivos en contra de la ciudadanía", sostuvo.
De León afirmó que las condiciones "deplorables" de hacinamiento en que viven las personas privadas de libertad al no contar con instalaciones adecuadas "ya es una violación de los derechos humanos por parte del Estado de Guatemala y constituye un riesgo inminente de seguridad para la población reclusa".
Las 22 prisiones que tiene Guatemala fueron construidas para albergar a unos 6.000 reos, pero en la actualidad tienen más de 20.500, según los registros del Sistema Penitenciario.