Bruselas. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, urgió este jueves al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega a la liberación de los manifestantes presos, tras lamentar su inacción en aplicar las recomendaciones recientes de una misión de eurodiputados en el país.
"Hasta el momento, su gobierno no ha dado ningún paso que permita deducir intención alguna de satisfacer estas peticiones", lamenta Tajani en una carta enviada a Ortega y apuntó su "consternación", porque las noticias que llegan van "en la dirección contraria".
Al término de una visita del 24 al 27 de enero, una delegación de eurodiputados urgió a Managua a la "libertad para los presos o en su defecto, paso a un régimen de casa por cárcel; cese de la represión (...); y permitir el retorno de las organizaciones internacionales", recordó.
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Tajani denunció que "varias de las activistas presas que la delegación europea visitó en la prisión de mujeres de La Esperanza han sido violentadas" y que la "presión que sufren las organizaciones de derechos humanos y los activistas sociales se ha endurecido".
"Ante estos hechos, no puedo por menos que expresarle la protesta de la institución que represento", agrega el jefe de la Eurocámara, avanzando su intención de pedir a la Unión Europea (UE) que actué "en consonancia con la gravedad de la situación" en Nicaragua.
Al menos 325 muertos, más de 750 detenidos y miles de exiliados ha dejado la represión a las protestas que sacudieron al país entre abril y octubre del año pasado, según grupos humanitarios.
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Los opositores son acusados por la Fiscalía por “terrorismo” y otros delitos al amparo de una cuestionada ley aprobada en julio pasado que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión.
A finales de enero, la UE, en una declaración acordada por los 28 cancilleres del bloque, advirtió que supervisará "atentamente la situación" y destacó su disposición a "responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho".
Venezuela, un aliado de Nicaragua, se convirtió en el 2017 en el primer país de América Latina sancionado por la UE por el deterioro, a su juicio, de la situación, con un embargo de armas y la imposición de sanciones posteriormente a 18 funcionarios.