Ciudad de Guatemala
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrentaba este lunes una ola de críticas y protestas por su intención de expulsar al jefe de la comisión de la ONU para luchar contra la impunidad y la corrupción, lo cual agravó la crisis política en el país.
Decenas de indígenas, campesinos y estudiantes salieron a las calles del centro histórico capitalino para demandar la dimisión del mandatario, conocido por la mayoría de los guatemaltecos por su pasado como comediante y quien ganó las elecciones dos años atrás con la promesa de sepultar a la corrupción rampante en el país.
"Lo que pretende el presidente es garantizar la impunidad al evitar ser perseguido penalmente por financiamiento ilícito. Es una vergüenza", dijo en la plaza Central capitalina Andrea Ixchiu, activista del departamento indígena de Totonicapán.
Casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil de las Américas y de España condenaron la decisión del gobierno y la calificaron como "una ruptura grave de los compromisos del gobierno con la lucha contra la impunidad".
Morales ordenó el domingo la expulsión del exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano adscrito a la Organización de las Nacioens Unidas (ONU) que funciona desde el 2007, al acusarlo de entrometerse en asuntos internos de Estado y sobrepasar sus funciones.
Fue la Cicig la que puso contra las cuerdas al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a quien fue su vicepresidenta, Roxana Baldetti, forzándoles a dimitir. Ambos están en la cárcel a la espera de ser juzgados.
Morales anunció su decisión en un video difundido en redes sociales dos días después de que Velásquez y la fiscala general, Thelma Aldana, iniciaron un proceso para retirar la inmunidad al presidente e investigarlo bajo sospecha de corrupción con fondos de campaña en su partido, el derechista FCN-Nación.
Según Morales, la decisión es "por el bien del país y no a título personal".
La orden de expulsar a Velásquez no se cumplió porque la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, otorgó tres amparos provisionales para frenar la decisión.
Activistas presentaron este lunes dos acciones ante la Corte Suprema de Justicia para quitar los fueros a Morales y procesarlo por abuso de autoridad y otros delitos, al considerar que la expulsión es ilegal.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, consideró que el presidente "abre la posibilidad de una situación de ingobernabilidad" y pone un freno a las acciones para erradicar las mafias.
Presente en la memoria. Morales está grabado en la retina de los guatemaltecos por su personaje Neto, una especie de vaquero ingenuo en el programa de televisión Moralejas, que producía junto a su hermano Samuel, quien causó un desgaste al gobierno al ser involucrado junto con un hijo del mandatario en un fraude de un contrato de alimentos.
"Durante 20 años los he hecho reír, les prometo que si llego a ser presidente no los voy a hacer llorar", afirmaba Morales durante la campaña electoral.
A casi la mitad de su mandato de cuatro años, los críticos del gobernante señalan que no ha cumplido con las expectativas por las que fue elegido en el 2015, en medio de una crisis por escándalos de corrupción en el gobierno de Otto Pérez (2012-2015).
Morales, de 48 años, derechista y protestante, también aseguró en su camino al poder que no era "ni corrupto ni ladrón", una afirmación que le recriminan en las protestas.
"Tengo que decir que (la) decisión de expulsar al comisionado de Cicig ha dañado la credibilidad de este gobierno en esta lucha" contra la corrupción, señaló el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson.
Tras acusarlo de beneficiar a los "sectores corruptos", el domingo renunció la cúpula del Ministerio de Salud y un alto funcionario comercial, mientras que el canciller Carlos Raúl Morales fue destituido.
El gobierno informó este lunes, en junta de gabinete, de que el resto de ministros y secretarios "respaldaron la gestión de Morales". Grupos de derecha también han expresado su beneplácito por la decisión de expulsar al exmagistrado colombiano.
Velásquez se hizo cargo de la Cicig en el 2013 pero fue en abril del 2015 cuando su nombre resonó al revelar, junto con la Fiscalía, un fraude millonario en las aduanas que tumbó al expresidente Pérez, señalado como el cabecilla de una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros.
Álvaro Montenegro, integrante del colectivo Justicia Ya, estimó que el presidente quiere expulsar a Velásquez para evitar la investigación de financiamiento ilícito de campaña, además de favorecer a sus familiares.
"Todos los que han sido acusados de casos de corrupción se han aliado para sacar a Iván Velásquez" del país, alertó el activista del movimiento surgido en el 2015 durante las protestas contra Pérez.
La Cicig, de la mano de Velásquez, en los últimos años también ha destapado otros casos de corrupción que involucran a diputados, alcaldes y empresarios.