Managua. El Gobierno nicaragüense nombró director de la Policía Nacional a un oficial sancionado por Estados Unidos, que lo vincula con violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Sustituirá a Aminta Granera, quien pasará a retiro.

El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, se publicó este jueves en el diario oficial La Gaceta.

El acuerdo firmado por Ortega –quien enfrenta una crisis social que ha cobrado la vida de alrededor de 300 personas desde abril– establece que Díaz estará a cargo de la fuerza desde el 5 de setiembre.

Granera fungía desde el 2011 como directora de la entidad policial, pero desapareció del escenario público a finales de abril en medio de rumores de renuncia tras el estallido de protestas antigubernamentales que han dejado más de 300 muertos, 2000 heridos, detenidos y desaparecidos.

La jefa había presentado su renuncia ante el gobierno nicaragüense en noviembre del 2016, tras el despido de sus principales colaboradores los comisionados Juan Ramón Grádiz y Javier Meynard. Sin embargo, la renuncia no le fue aceptada y quedó reducida a labores protocolarias y de relaciones públicas, según el diario Confidencial de Nicaragua.

En julio, un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Díaz había sido sancionado con la Ley Global Magnitsky por dirigir a la Policía Nacional para cometer “graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.

Esta norma permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.

Díaz “es considerado el líder de hecho y ha conducido diariamente” a la Policía, dijo entonces esa dependencia.

En esa función, Díaz "se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales", según los alegatos del Tesoro estadounidense.

El acuerdo presidencial de Ortega también ratificó en sus cargos de subdirector a los comisionados generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán, éste último al frente de la plaza de Masaya, una de las ciudades más castigadas por las fuerzas combinadas de la Policía y paramilitares.

Junto con el ahora jefe policial fueron sancionados por corrupción y violación de los derechos humanos Roberto Rivas, expresidente del Poder Electoral; Francisco López, otrora vicepresidente de una empresa ligada a la cooperación venezolana, y Fidel Moreno, ex secretario general de la Alcaldía de Managua, acusado de dirigir la represión de las manifestaciones sociales.

El gobierno es acusado por organismos locales e internacionales de derechos humanos de reprimir con violencia las protestas que comenzaron el 18 de abril contra la reforma del seguro social.

Ortega dice ser víctima de un intento de golpe de Estado planeado por Estados Unidos, la sociedad civil nicaragüense, algunos partidos opositores, el crimen organizado y medios independientes.

Críticas a decisión

Los nuevos nombramientos policiales por parte del gobierno nicaragüense fueron criticados por la organización Human Rights Watch.

“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización.

“Estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, agregó el representante del organismo de derechos humanos.

Presión a canal de televisión

En su embestida contra la prensa esta semana, el mandatario pretende forzar al canal 10, el medio privado más visto del país, a cambiar su política editorial.

Carlos Pastora, un hondureño que es gerente general de ese medio, difundió una carta en la que relató que el lunes el jefe de prensa del canal 8 (oficialista) fue enviado a las instalaciones del canal 10 y pretendió instalarse en la redacción ejerciendo el mismo cargo.

“Quieren obligarme a que contrate a un periodista de canal 8 que venga a ver y regular las emisiones del noticiero”, afirmó Pastora en su carta dirigida al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, a quien le refirió que en Nicaragua sufre persecución, amenazas directas vía telefónica, seguimientos e intimidación.

Pastora indicó que ante esa situación pretendió retornar a Honduras, pero no le fue permitida la salida del país por una restricción migratoria sin fundamento.

La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua informó de que Pastora es investigado por presunto lavado de dinero.

Canal 10 es propiedad del empresario mexicano Remigio Ángel González, considerado socio de Ortega y que congresistas de Estados Unidos buscan que también sea sancionado por la Ley Global Magnitsky.

“Un nuevo golpe a la prensa independiente, a los periodistas independientes y que además de afectarlos directamente tiene como efecto una afectación a la población nicaragüense que pierde a un medio que seguro se sumará al discurso oficial”, manifestó el investigador en comunicación Guillermo Rothschuh.