Washington. AFP. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, designó este miércoles al juez Merrick Garland, un progresista moderado, para la Suprema Corte, y abrió una batalla por su confirmación en el Congreso, controlado por los opositores republicanos.
“Escogí a un candidato que es ampliamente reconocido no solo como una de las mentes legales más brillantes de Estados Unidos, sino alguien que lleva al trabajo un espíritu de decencia, modestia, integridad, equilibrio y excelencia”, dijo Obama en el jardín de la Casa Blanca.
Culminando semanas de consultas y especulaciones, Obama indicó que Garland “es el hombre adecuado para el cargo y merece ser confirmado”.
Según la Constitución estadounidense, los nueve magistrados del máximo tribunal del país –llamado a pronunciarse sobre los grandes debates de la sociedad– son nombrados de por vida por el presidente. Le corresponde al Senado aprobar o rechazar la nominación.
Los republicanos, que dominan el Congreso, sostienen que la sustitución del juez conservador Antonin Scalia, fallecido repentinamente en febrero, debería esperar al arribo del próximo presidente en enero del 2017.
Según Obama, la experiencia de Garland –dirigió la investigación contra el autor del atentado explosivo en Oklahoma, Timothy McVeigh– “le ha valido el respeto y admiración” de líderes demócratas y republicanos.
Desacuerdo. No obstante, varios dirigentes del Congreso apenas esperaron el fin de la alocución de Obama para confirmar que se negarán incluso a escuchar a cualquier postulado del presidente, sea cual sea su currículo.
“Una mayoría del Senado ha decidido cumplir con su deber constitucional (...), absteniéndose de apoyar una nominación durante un año de elección presidencial”, afirmó Chuck Grassley, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senador.
“Denle al pueblo voz” en la decisión, dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.
En el trasfondo está la elección presidencial, pero también la recomposición de una parte del Congreso, y la Casa Blanca apuesta a que la presión de la opinión pública fuerce la mano de algunos senadores republicanos.