Greenbelt
El nuevo decreto del presidente Donald Trump sobre migrantes y refugiados de seis países musulmanes entra en vigor el jueves, pero este miércoles será puesto a prueba en audiencias judiciales previstas en cortes federales de Maryland, Washington y Hawái.
La orden migratoria, que provoca un acalorado debate en el país, será objeto de discusiones en esas tres cortes federales y los jueces podrán emitir una decisión antes que el decreto entre en vigor, en el primer minuto del jueves.
Este miércoles están previstas otras dos audiencias en cortes de Hawái, en el Pacífico, y en el estado de Washington, en el oeste del país.
El decreto entra en vigor el primer minuto del jueves.
Trump firmó un decreto similar el 27 de enero, apenas una semana después de su investidura, pero fue bloqueada por la Justicia del estado de Washington, decisión posteriormente ratificada por una corte de apelaciones.
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El nuevo decreto –firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días– cierra las fronteras a los refugiados por 120 días y congela la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.
Irak, que había sido incluido en la lista del primer decreto, fue excluido de la versión revisada.
Trump ya afirmó que el nuevo decreto anti-migratorio corrige aspectos poco claros de la primera versión, y por lo tanto confía que será prácticamente imposible que una corte decida la suspensión de sus efectos.
El estado de Washington, al igual que los de California, Massachusetts, Oregon, Maryland y Nueva York, sometió el caso el lunes ante James Robart, un juez federal de Seattle que había tenido un papel esencial en el bloqueo del primer decreto presidencial.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, señaló en una nota que "el gobierno de Trump pudo haber modificado el texto de su ya desautorizado bloqueo al ingreso de musulmanes, pero no ha cambiado su naturaleza inconstitucional ni sus efectos".
Debido a que inició los procedimientos para bloquear el primer decreto migratorio de Trump, el magistrado Robart ha sido objeto de la ira del presidente, quien en la red social Twitter se refirió a él como "dizque juez".
En Hawái (tierra natal del expresidente Barack Obama y un bastión del Partido Demócrata), la Fiscalía presentó un alegato formal ante un juez federal, quien convocó a una audiencia urgente para el miércoles.
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
En contrapartida, la legión de abogados del Departamento de Justicia está lista para recorrer tribunales en defensa de la decisión presidencial de cerrar las fronteras del país a refugiados e inmigrantes de los seis países afectados por el decreto.
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A diferencia del primer decreto, que tenía vigencia inmediata y generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país, esta vez el gobierno retrasó en algunos días la entrada en vigor para preparar a su tropa y tenerla lista para las batallas legales que se avecinan.
Justificación del Gobierno
El Departamento de Justicia envió una carta al juez federal de Hawái que convocó a la audiencia para el miércoles, en la que presentó su defensa y adelantó el argumento central que el Gobierno utilizará en los tribunales.
La decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros, argumentó el Departamento de Justicia en su documento, se apoya en "el ejercicio válido de la autoridad presidencial, conforme a la ley".
Cuando se presentó públicamente el nuevo decreto, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que se trataba de una medida "vital" para la seguridad nacional, ante la existencia de amenazas que no cesan.
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Sin embargo, en todo el país se alzan numerosas voces que cuestionan esa urgencia y en cambio argumentan que la medida discrimina de forma clara a musulmanes, siendo que las leyes prohíben la segregación por cuestiones religiosas.
Desde los atentados en Nueva York y Washington en setiembre del 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de países que no son los seis ahora incluidos en el decreto presidencial.