Washington. EFE. Un juez estadounidense aprobó ayer la bancarrota de Detroit , la mayor de un municipio en la historia del país, con un fallo de repercusión nacional que pone fin a medio siglo de protección de las pensiones de los empleados públicos.
El juez Steven Rhodes afirmó que Detroit, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas, que suman unos $18.000 millones.
“Esta ciudad, otrora orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas”, dijo Rhodes. “Es insolvente y es elegible para la bancarrota. Esta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo”.
Los sindicatos de empleados públicos y los grupos de jubilados habían cuestionado la bancarrota, declarada en julio , con el argumento de que la Constitución del estado de Míchigan, al que pertenece Detroit, no permite reducciones en los planes de pensiones.
Detroit, devastada económicamente por la gran recesión y las transformaciones en la industria automotriz, es la octava ciudad estadounidense que se ha declarado en bancarrota desde el 2012.
Rhodes alegó que al ser una bancarrota pedida a un tribunal federal, no se aplica la ley de Míchigan.
En una conferencia de prensa después del fallo judicial, el interventor municipal Kevin Orr exhortó ayer a los sindicatos a que negocien las reformas, aun cuando estos ya han tramitado una apelación a la decisión del magistrado.
Orr anticipó que presentará en la primera semana de enero un plan de reorganización financiera y espera que los sindicatos colaboren en las conversaciones con el alcalde electo, Mike Duggan.
La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales presentó su notificación de apelación minutos después del fallo de Rhodes, y la abogada sindical Sharon Levine dijo que es el primer paso en una lucha que llegará a la Corte Suprema.