Responsable de la primera condena de un expresidente de Brasil por corrupción y por el encarcelamiento de políticos y empresarios poderosos en la Operación Lava-Jato, el juez federal Sergio Moro está molesto con la inacción del Ejecutivo y del Legislativo contra la corrupción.
Nombra algunos ejemplos de medidas que pueden obstruir el combate al pago de sobornos y al desvío de dinero público.
Son situaciones como la falta de castigo riguroso para quien cometa los delitos de financiamiento irregular de campaña, la llamada “caja 2”, la inmunidad, que a su juicio debería acabar, y la discusión que puede cambiar el cumplimiento de condena tras la decisión de segunda instancia. El Supremo Tribunal Federal (STF) debe discutir si revisa las consideraciones en los próximos meses.
Frente a un escenario que puede llevar a la impunidad, él sentencia: “La corrupción, evidentemente, no va a acabar”.
Elegido Personaje Latinoamericano de 2017 por los directores y editores de los 11 diarios del GDA, el juez Moro contestó las preguntas formuladas por periodistas de todos los diarios.
En opinión del juez, la población ya no tolera ciertos comportamientos, como la corrupción, y está más vigilante ante conductas ilegales. “El precio de la integridad es la eterna vigilancia” de los gobernados, declara Moro.
¿La operación Lava-Jato redujo la corrupción en Brasil o solo la hizo más visible?
Es muy difícil dimensionar la corrupción. No se sabe cuántos casos reales existen, y lo que se tiene, normalmente, es una percepción de la corrupción.
”En los índices de Transparencia Internacional, Brasil no está en una posición muy buena. Lo que los casos judiciales revelan es que la percepción que teníamos, de que la corrupción era muy grande en Brasil es, de hecho, real.
”Sería oportuno que hubiera reformas más generales por parte del gobierno, por parte del Legislativo, contra los incentivos y las oportunidades de corrupción. Y eso es algo que está casi totalmente inerte”.
¿Habrá en el 2018 casos de corrupción que impacten a los brasileños o la sociedad ya los ve como “la regla del juego”?
Ese es un efecto colateral negativo de la revelación de todos esos casos, que se vaya a una cierta insensibilidad de la sociedad. Pero casos más recientes, ampliamente divulgados aún después de todo lo que ocurrió en Lava-Jato, provocaron un gran sentimiento de rechazo en la población. Me parece que el repudio es aún muy grande”.
Los principales partidos y muchos políticos se involucraron en algún tipo de irregularidad, ya sea el uso de la caja 2 o corrupción. ¿Se puede separar la paja del trigo?
Tanto la caja 2 –una donación electoral irregular no contabilizada– como la corrupción, son delitos. Ambos tienen que tener una respuesta institucional.
Lo que es correcto es correcto, lo que es errado es errado, y las personas que se involucraron sabían que era ilegal y deben sufrir las consecuencias.
¿Puede Brasil superar el escenario de corrupción extendida a casi todo el Gobierno?
Es importante que los procesos judiciales funcionen y sean efectivos, que no tengamos impunidad. Pero, más que eso, precisamos de un discurso firme por parte de nuestros líderes políticos contra la corrupción, que fuesen acompañados de acciones consistentes con ese discurso. Eso involucra no solo un cambio en la legislación procesal y penal, también disminuir incentivos y oportunidades de corrupción.
”También es necesario que el gobierno dé el ejemplo con un comportamiento honesto. Porque, cuando este no existe, se termina desincentivando a las personas comunes, a la sociedad en general, a comportarse de forma honesta”.
El Supremo Tribunal Federal ha sido escenario de divergencias y polémicas en relación a los investigados con fuero privilegiado. ¿Usted esperaba más de las investigaciones en el Supremo?
Por buenas que sean las intenciones de los jueces, magistrados y ministros involucrados, esos procesos son complejos y avanzan mejor ante los jueces comunes. La primera instancia tiene mejores condiciones para trabajar en ellos que los tribunales superiores, normalmente sobrecargados de los casos más diversos.
”Una lección que se tiene que extraer de eso: si el fuero privilegiado funciona, en la práctica, como blindaje de agentes públicos, este debería ser eliminado o reducido significativamente”.
Una decisión suya, la condena de Lula (Luiz Inacio Lula da Silva), puede dejar fuera de las elecciones al expresidente, que lidera las encuestas. ¿Cómo se siente usted frente a la posibilidad de haber influido en la disputa electoral de 2018?
El papel del juez es cumplir la ley. El juez juzga los procesos según las leyes. Las consecuencias fuera del proceso no son responsabilidad del juez. Si eventualmente esa situación ocurre, no fue porque el juez así lo decidió. Alguien cometió un delito, la ley prevé inhabilitaciones, y eso puede ocurrir”.
Al juzgar el caso del senador Aécio Neves, el STF dio al Legislativo la palabra final sobre la suspensión del mandato parlamentario. ¿Cómo usted evalúa esa decisión?
Fue una decisión del Supremo, no me corresponde comentar y hacer críticas. Lo que veo es lo siguiente: la idea de la inmunidad es proteger al parlamentario contra eventuales persecuciones políticas.
”Ese es el criterio que debería orientar al Congreso; jamás el objetivo debe ser la protección en un caso de corrupción. Según mi punto de vista, es un desvío de poder del Congreso. Una cosa es proteger para que alguien haga uso de su libertad de opinión. Otra, es protegerlo de una investigación de corrupción”.
Petrobras fue víctima de la repartición de cargos entre partidos políticos, y eso sigue siendo una realidad. ¿Cómo cambiar este escenario?
“La repartición de cargos es uno de los principales males que deben ser solucionados en el país. Es el origen de los delitos en Petrobras; se requieren reformas políticas y administrativas para erradicarla. La Ley de las Estatales, aprobada en 2016, pese a que es loable, es insuficiente. No se pueden cambiar cargos públicos por poder político o monetario. No se puede convertir las posiciones públicas en mercancías”.
¿La Lava-Jato tuvo un efecto más amplio en el sector privado o se restringió a las empresas implicadas en la operación? ¿Tuvo ese carácter educativo?
Es interesante que vemos hoy casos judiciales relevantes de crímenes de corrupción que se expandieron por Brasil: en Río, en Brasilia, en Mato Grosso del Sur y en Río Grande del Norte, por ejemplo.
”En algunos de los países vecinos, que también tenían tradición de impunidad, empezamos a ver que pasan cosas, con encarcelamientos y procesos relevantes en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.
”Es decir, hay un movimiento anticorrupción, y creo que eso tendrá un impacto significativo en Brasil. Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. La corrupción extendida es algo que impacta la eficiencia y la productividad de nuestra economía, además de disminuir la calidad de la democracia. Hay dudas sobre si las empresas brasileñas podrán competir si siguen sometidas a impuestos escondidos de sobornos, de corrupción”.
¿Hasta dónde llega la sombra de Odebrecht en América Latina?
Así como la economía es globalizada, muchas veces la corrupción también se globaliza. Es importante tener en cuenta; sin embargo, que si Odebrecht pagó a funcionarios o políticos de otros países, probablemente otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a las extranjeras y quizá a las empresas de los respectivos países.
”Recientemente en Perú se decretó prisión preventiva contra empresarios locales que habrían trabajado asociados al grupo Odebrecht. Si esos países que recibieron partes de las investigaciones las profundizan, seguramente van a encontrar otros esquemas de soborno y corrupción no necesariamente vinculados a Odebrecht”.
¿Cuál es el riesgo de que el poder político cierre las investigaciones aún en desarrollo?
El Judicial es un poder independiente y el Ministerio Público tiene un alto grado de autonomía. No es tan simple una acción política que entierre las investigaciones. Y existe una democracia que es cada vez más informada y más demandante.
”Las personas ya no toleran ciertos comportamientos por parte de sus gobernantes y quieren que las instituciones den respuesta. Parafraseando ‘el precio de la libertad es la eterna vigilancia’, yo diría que ‘el precio de la integridad es la eterna vigilancia’ de los gobernados.
¿Se pueden blindar los países contra la corrupción, o dependerán de algún juez, fiscal o autoridad dispuesta a arriesgarse para descubrir y castigar a los corruptos de alto calibre?
“Es una ilusión creer que la corrupción dejará de existir, no va a ocurrir. Y puede ser que estén ocurriendo casos graves. Lo importante es que las instituciones den una respuesta.
”Participé en un evento en Boston, Estados Unidos, y tuve información interesante de que tres expresidentes legislativos de Masachusets fueron condenados por corrupción. Tres sucesivos. Para mí fue hasta una sorpresa, pero el lado positivo es que los casos fueron detectados y las personas castigadas”.
”Ese es el lado importante: que las instituciones funcionen. Y no es del día para la noche que se cambia eso. No es por esfuerzos voluntaristas de algunos individuos, pese a que ellos también tengan una función.
”Si las instituciones hacen en serio su trabajo, si nuestros representantes electos toman en serio las responsabilidades que resultan del hecho de haber sido elegidos, hay condiciones para avanzar mucho y tener niveles de corrupción mucho más bajos. No existe una enfermedad latinoamericana asociada a la corrupción”.