El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la inhibición general de bienes del expresidente de Argentina Alberto Fernández.
También le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas, en la causa en que se investiga si direccionó la contratación de seguros del Estado a un productor de seguros que es esposo de su secretaria privada.
La inhibición general de bienes apunta a preservar el patrimonio de Fernández. La medida de Ercolini abarca a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.
“Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, dijo Ercoloni en su resolución donde dispone estas medidas cautelares.
Según precisaron fuentes judiciales argentinas, la medida del juez fue decidida luego de un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo, e implica la existencia de más evidencias del posible direccionamiento de los contratos de seguros para con la empresa ligada a su secretaria.
Las sospechas de Ercolini, sobre la existencia de una organización delictiva integrada por el expresidente, fueron alimentadas por el decreto 823 del año 2021 que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano. Otras aseguradoras actuaron como coaseguradoras.
Esto dio lugar a la intervención de intermediarios y organizaciones, entre los que figuran Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Óscar Alberto Castello, así como las firmas de Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, TG Broker, Bachellier SA, Castello Mércuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y asesores. A estos grupos se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la denuncia.
De acuerdo a la investigación, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya había vínculos anteriores antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.
Una auditoria de Nación Seguros ubicó en la cúpula a estos intermediarios, que percibieron las mayores comisiones desde el año 2020: Bachellier SA, a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, a Castello Mercuri en el tercer lugar, a San Ignacio en el cuarto y a TG Broker.
“En conjunto, las cinco acumulan $2.782.170.946 percibidos en comisiones de Nación Seguros SA desde 2020, sobre $3.453.302.777 del total de productores, representando más del 80%”, dijo Ercolini.
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Además, hay aportes significativos a la campaña electoral de Alberto Fernández por parte de Castello Mercuri, quien participó como organizadora en pólizas de otros productores.
San Ignacio y TG Broker actuaron como intermediarios de las pólizas contratadas con Nación Seguros por parte de la ANSES, que fue el inicio de esta investigación. Entre 2020 y 2024, el organismo ocupa el segundo lugar entre los públicos que pagaron mayor cantidad de dinero en comisiones.
Según el juez, Brian Kelly y Hernán Bressi figuran como presidente y director suplente de San Ignacio, pero su domicilio no pudo ser encontrado. En uno de esos procedimientos, uno de los acompañantes de Kelly entregó dos cajas con documentos de la empresa, que había recibido poco tiempo antes en un garage por Carlos Suárez y Alfredo del Corro.
El juez estableció que hay nexos entre Del Corro y Marcos Federico Eufemio, ahora exgerente de compras de Nación Seguros. Es decir que esta segunda parte de la investigación averigua sobre los nexos entre los productores y funcionarios. El magistrado estableció que estos productores están ligados con cooperativas de trabajo que autorizaban a conducir sus autos a Mauro Damián Tanos, despedido como gerente general de Nación Seguros.
La sospecha es que el dinero del fraude que investiga el juez se hizo mediante la compra de autos de alta gama y a través de las cooperativas.
De la lectura de las pólizas de Nación Seguros con ANSES surge la intermediación de San Ignacio y TG Broker, como organizador y productor. La coaseguradora es San Germán Seguros, presidido por Héctor Villaverde. El juez encontró nexos entre la coaseguradora y los productores.
Bachellier, ligada a Martínez Sosa según la auditoría de Nación Seguros, “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación (referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad), representando casi la mitad del monto total pagado en comisiones”.
El presidente de Bachellier es Osvaldo Tórtora y su director Ricardo González. El domicilio de la empresa es la casa de Tórtora y su esposa, “inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”.
Ercolini le mandó un oficio al Banco Central donde señala que “se proceda al franjado de las cajas de seguridad” de las 33 personas y firas cuyos bienes fueron inhibidos, para asegurarse la ejecución ante una eventual pena o demanda civil o ante un “eventual decomiso respecto de las ganancias producto de los ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho derivado de los efectos del delito”.
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