Washington. AFP. Los presidentes de Honduras y Guatemala pedirán hoy a su par estadounidense, Barack Obama, un plan regional de seguridad, en plena crisis humanitaria por la llegada ilegal a Estados Unidos de millares de niños centroamericanos.
Los presidentes Otto Pérez (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) se verán con Obama en la Casa Blanca para abordar el espinoso tema por primera vez desde que se desató la crisis hace dos meses.
Los planes Colombia yMérida (en México) “fueron exitosos” para Estados Unidos y esos dos países en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, pero “mandaron un tremendo problema”, dijo Hernández, al aludir a la reubicación de carteles de droga en el Istmo.
“Entonces debemos tener nuestro propio plan”, afirmó al participar junto a Pérez Molina en un foro en el centro de estudios CSIS en Washington, la víspera del encuentro con Obama.
Estados Unidos ha destinado $500 millones a la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI) desde el 2008, pero los Gobiernos de Honduras y Guatemala consideran que el programa es insuficiente.
Desde octubre, más de 57.000 niños , en su mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, han cruzado ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de adultos, lo que ha desbordado a las autoridades de los países involucrados.
Pero, ayer, los mandatarios centroamericanos se mostraron optimistas y destacaron que hubo una leve reducción en las últimas dos semanas en el flujo de menores hacia Estados Unidos y la captura a un lado y otro de la frontera de traficantes conocidos como coyotes.
Lucha conjunta. Los líderes centroamericanos esperan convertir la situación en una oportunidad para acercar la región con Estados Unidos en estrategias conjuntas de mediano y largo plazo afrontar los problemas de fondo.
Violencia criminal de las pandillas, falta de oportunidades económicas y separación de las familias empujan a los padres a enviar a sus hijos con los coyotes a través de peligrosas rutas hacia la frontera con Estados Unidos.
“Una Centroamérica en paz, libre de droga y violencia, próspera, es de enorme beneficio para Estados Unidos. Espero que Washington entienda eso”, dijo, más temprano, Hernández durante una reunión junto a Pérez Molina con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Pérez dijo que los países de la región tienen responsabilidades, pero agregó: “Si estamos acompañados con un plan de Centroamérica como ya se hizo en el Plan Colombia u otros planes de Estados Unidos, no tengo la menor duda de que estaríamos resolviendo de raíz los problemas que están en la frontera”.
El consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, adelantó el miércoles que de la reunión presidencial saldrá un plan conjunto para enfrentar la migración de menores, con estrategias de desarrollo económico y seguridad ciudadana en América Central.
Según la Casa Blanca, Obama y sus pares centroamericanos discutirán formas de promover una “migración segura, legal y ordenada” entre los países con un espíritu de "responsabilidad compartida”.
Por su parte, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, destacó el miércoles que los países centroamericanos asistirán con una posición “conjunta” y “sólida” de compromiso para endurecer las leyes contra los traficantes de personas y mantener una campaña de información que advierta sobre los riesgos de la migración ilegal.
En Estados Unidos las autoridades siguen intentando acoplarse a la crisis, que ha colapsado los albergues y ralentizado el procesamiento judicial de los casos.
El gobernador de Texas reforzó su frontera con México con 1.000 soldados, apenas dos días antes de que Estados Unidos anunciara la detención de 192 presuntos traficantes de personas en esa sensible zona durante el último mes.
A la par, Obama solicitó al Congreso recursos especiales por 3.700 millones de dólares para aumentar el número de agentes fronterizos y de jueces migratorios.
La Casa Blanca y algunos congresistas desean enmendar una ley antitráfico de seres humanos del 2008, para levantar la protección jurídica a los menores que cruzan solos provenientes de países no fronterizos.