Tegucigalpa. AFP. “¡No me dejen sola, mis niños!”, gritó una desconsolada mujer que sepultaba a su nieto, el segundo que le mataron en tres días.
Una cadena de 17 asesinatos de menores en un mes, algunos por negarse a entrar en pandillas, estremece a Honduras y ensombrece al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
El cuerpo del niño de siete años, muerto a tiros y torturado, fue hallado el jueves pasado envuelto en una sábana en un solar baldío de San Pedro Sula, 240 km al norte de Tegucigalpa y tristemente considerada como la ciudad más violenta del mundo, según informes de la ONU.
La abuela y la madre no empezaban siquiera a recuperarse del asesinato de otro de sus niños, de 13 años, cuyo cadáver fue hallado en circunstancias similares.
Otros seis asesinatos de menores –todos escolares– ocurrieron, en un mes, también en San Pedro Sula, por negarse a entrar a las pandillas que siembran el terror en barrios y ciudades de Honduras, según las autoridades.
Este martes, en una entrevista con el diario El Heraldo , Hernández dijo que los crímenes podrían ser represalia a su estrategia de seguridad. “Rogaría a Dios que no sea cierto que este tema de los niños sea una reacción a lo que hemos estado haciendo”, expresó.
El domingo, en San Pedro Sula, miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) entraron a un centro correccional de menores, desarmaron a los guardias y lanzaron una granada matando a cinco integrantes de la Mara 18 (M-18).
La desgarradora escena de la abuela consumida por el dolor, transmitida por la televisión, y las noticias de los otros crímenes han sacudido a una sociedad con el récord mundial de homicidios, 79 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia , de la Universidad Nacional.
Seguridad, en deuda. Las muertes de menores desataron las críticas a la política de seguridad, con participación militar protagónica, que emprendió Hernández luego de asumir la presidencia el 27 de enero tras prometer “mano dura” contra los criminales.
En sus discursos, el mandatario advierte que, apenas empieza su gestión, y Honduras “está cambiando” y bajando el número de homicidios. Pero grupos de derechos humanos le rebaten sus cifras y afirmaciones.
86 niños y jóvenes menores de 23 años han sido asesinados al mes, en promedio desde el 27 de enero, un 6,2% más que la media del gobierno anterior, según Casa Alianza, una ONG protectora de la niñez.
Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, dijo que hay “sospecha de un patrón de limpieza social”, en el que podrían estar involucradas autoridades estatales. Muchos menores, además, son obligados por pandilleros a cobrar extorsiones y si se niegan los matan.
“En estos cien días, los asesinatos de niños parece ser lo más fuerte; está marcado por el asesinato de niños”, afirmó la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva.
Pero Hernández rechaza las críticas. “Los delincuentes ahora saben que están cercados, saben que están muy limitados”, dijo.
Apenas asumió el poder, el presidente Juan Orlando Hernández envió a miles de policías y militares a zonas calientes sitiadas por pandillas y narcotraficantes, y bloqueó teléfonos celulares en cárceles desde donde operan los criminales.
Luego creó “Guardianes de la Patria”, un programa en el que niños reciben formación en valores para alejarse de las pandillas, criticado por grupos humanitarios como “militarista”, y que espera abarcar a 100.000 menores en un año.
Hace unos días, en Tegucigalpa, la relatora especial de Naciones Unidas sobre crímenes contra la niñez, Najat Maalla M'jid, pidió al gobierno “adoptar con carácter urgente medidas” para evitar "toda forma de violencia, abuso y explotación” de que son víctimas los niños.
Para el sociólogo Eugenio Sosa, Hernández quiere mostrar que “está haciendo esfuerzos” y la ciudadanía le da “el beneficio de la duda”. Pero, agregó, “la muerte de niños está causando mayor impacto en la sociedad”.
“Los hechos obligan a revisar esa estrategia militar, sobre todo porque en las muertes están involucrando a niños y jóvenes”, dijo a AFP la jefe del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Mirna Flores. Y, añadió, “son cosas graves las que están pasando”, aún en país como Honduras.