Managua. AFP Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, responsabilizó ayer a su padrastro y a su madre, Rosario Murillo, por la “arbitraria” expulsión del país de su esposo, el boliviano Carlos Ariñez Castel.
“He señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de todo esto”, afirmó en conferencia de prensa Ortega Murillo, quien usó el apellido Narváez, de su padre biológico, durante un tiempo, pero por ley mantiene el del presidente.
Ortega Murillo, de 45 años, dijo que el martes, durante la detención de Ariñez, su madre –primera dama y portavoz del Gobierno– la llamó para intimidarla y decirle que la medida era consecuencia de sus actos, en alusión al apoyo que ella y su pareja dieron a los ancianos que protestaban en demanda de una pensión mínima.
Ariñez, quien residía en Nicaragua desde hace cuatro años, fue detenido y deportado a Costa Rica por supuestamente violar las leyes migratorias.
La expulsión se produjo luego de que la pareja fuera interceptada la tarde del martes por las autoridades de Migración y personas vestidas de civil cuando viajaban en su vehículo por el centro de Managua.
La hijastra de Ortega aseguró que después de deportar a su esposo, los funcionarios de Migración la sacaron a empujones, le quebraron los lentes, la tiraron al piso y la tumbaron contra la malla de un portón, y que uno de sus hijos, que la acompañaba, también sufrió lesiones físicas.
“La manera arbitraria y debo decir absolutamente brutal (con la que actuaron) denota que aquí no hay límites”, denunció la mujer.
Aseguró además que, durante el operativo contra su esposo, fue evidente la participación de “sujetos paramilitares”.
“Estamos siendo víctimas de una persecución, como lo están siendo otros sectores sociales”, y lo más “peligroso” es que “personas de civil están cometiendo estas arbitrariedades y dejándolo a uno en una total indefensión”, advirtió.
Ortega Murillo, quien presentó la denuncia de lo ocurrido ante el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que teme por su vida y la seguridad de sus tres hijos.
En 1998, acusó a su padrastro de haber abusado de ella sexualmente cuando tenía once años, pero el tribunal desestimó y cerró el proceso en el 2001 tras alegar prescripción del delito.
Luego de fracasar esta acción judicial, llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues alegó denegación de justicia, pero en el 2008 desistió de la acción.