Guatemala pedirá prorrogar misión de la ONU contra la impunidad

La Cicig funciona en el país centroamericano desde hace ocho años

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Ciudad de Guatemala

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, anunció este jueves que solicitará una ampliación de dos años al mandato de una misión de la Organización de las Naciones Unidas contra la impunidad en ese país, en medio de un clima de aprobación al ente por desnudar una red de corrupción en las aduanas.

"He tomado la decisión de solicitar (...) la extensión del mandato" de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo Pérez durante un acto en el Palacio Nacional, un día después de que los jerarcas de las instituciones de seguridad y justicia le recomendaron prorrogar las funciones del ente, cuyo mandato vence en septiembre.

El anuncio lo hizo el mandatario junto al gabinete de gobierno, con la presencia del cuerpo diplomático y del comisionado de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.

Pérez se había manifestado opuesto a ampliar el mandato de la Cicig, que funciona en Guatemala desde hace ocho años, argumentando que el organismo ya cumplió su misión y que no tuvo logros importantes.

No obstante, dijo que ha tomado en consideración varias recomendaciones para decidir ampliar el mandato del organismo.

"Estamos dispuestos a entregar esfuerzo, dedicación y tiempo a colaborar con los guatemaltecos. La Cicig no debe ser vista como un cuerpo extraño, es un grupo de personas dispuestas a colaborar", afirmó por su parte Velásquez.

La Cicig dio un apoyo fundamental a la Fiscalía en el desmantelamiento, el jueves pasado, de una red de altos funcionarios que cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos en las aduanas.

La investigación señala que el cerebro de la operación era Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien encuentra prófugo y refugiado en Honduras, sospechan las autoridades guatemaltecas.

Por el caso de fraude en las aduanas fueron capturados Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) -ente recaudador de impuestos- así como su antecesor, Carlos Muñoz, junto a una veintena de personas, incluidos otros altos burócratas de la entidad.