Ciudad de Guatemala. AFP. Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio indígena de San Juan Sacatepéquez, al oeste de la capital, para evitar nuevos actos de violencia tras un choque armado que dejó 11 muertos el fin de semana por la construcción de una planta de cemento.
“Se declara estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez”, anunció ayer el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, en su cuenta de Twitter. La medida regirá por 15 días y suspende algunos derechos constitucionales como las manifestaciones y la portación de armas.
Según un boletín oficial, se desplegaron 200 policías y casi 300 soldados para mantener el orden. Además, los tribunales emitieron al menos 36 órdenes de captura por los hechos.
El mismo comunicado refirió que 11 personas murieron, entre ellas seis miembros de una familia, tras los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se extendieron a la mañana del sábado como consecuencia del choque en la población indígena por la habilitación de una carretera y la construcción de la cementera.
Medios locales informaron de que una discusión entre pobladores a favor y en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos, que también dejaron varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados en la población, ubicada a unos 30 km al oeste de Ciudad de Guatemala.
En San Juan Sacatepéquez “se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”, indicó el decreto del Gobierno.
Mario Itzep, activista de la organización Observatorio Indígena , sostuvo que la medida decretada por el gobierno solo lleva la intención de militarizar la zona y proteger los intereses empresariales y no a la población.
“No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para poder criminalizar a las comunidades” que se oponen a proyectos que atentan contra el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.
Por su lado, Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh) , afirmó que medidas similares implementadas por el actual gobierno en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han logrado resolver los conflictos sociales.
El estado de prevención “le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez”, aseguró el activista.
El viernes pasado, Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible “derramamiento de sangre” en Guatemala por la conflictividad social que, según la organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en poblaciones que se oponen.
La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio del 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de $720 millones y cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 2017.
Sin embargo, desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.
José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del fin de semana que trabajadores de la empresa “han sido frecuentemente hostigados” por opositores al proyecto.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital.
Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó el estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar.