La sentencia contra el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), quien se declaró culpable en marzo pasado de lavado de dinero ante la Justicia estadounidense, se adelantó al próximo jueves 22 de mayo, indicaron a la AFP fuentes de la Fiscalía federal de Manhattan.
El juez Robert Patterson había establecido como fecha inicial de la sentencia el 23 de junio. La Fiscalía federal no brindó detalles sobre las razones del adelantamiento.
Portillo, de 62 años y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2013, se declaró culpable el pasado 18 de marzo pasado del cargo de "conspiración para perpetrar un lavado de dinero" por 2,5 millones de dólares de sobornos pagados por el Gobierno de Taiwán.
Si bien el cargo que se le imputa tiene una pena máxima de hasta 20 años de prisión, Portillo solo cumpliría una condena de hasta seis años de cárcel efectiva tras un acuerdo con la Fiscalía de Manhattan.
Como Portillo, primer exgobernante latinoamericano en ser entregado por su propio país a la Justicia de Estados Unidos, ya ha pasado casi cuatro años y medio en prisión desde su captura en enero de 2010, podría restarle no más de un año y medio encarcelado a partir de que se pronuncie la sentencia el jueves próximo.
En un principio, el exmandatario se había declarado "no culpable" tras ser extraditado desde Ciudad de Guatemala, pero luego modificó su posición tras negociar con la Fiscalía.
Según el compromiso entre ambas partes, Portillo aceptó el cargo que se le imputaba, así como pagar a Estados Unidos la suma de 2,5 millones de dólares a cambio de una reducción de su pena.
Portillo estaba acusado originalmente del delito de conspiración para lavar 70 millones de dólares en bancos norteamericanos durante su gestión.
El expresidente guatemalteco había sido capturado el 26 de enero del 2010 cuando intentaba abandonar su país de forma ilegal -rumbo a Belice-, en respuesta a un pedido de un tribunal de Nueva York.
Portillo fue absuelto en el 2011 en tribunales guatemaltecos por el supuesto desfalco de unos 15 millones de dólares en el Ministerio de la Defensa en 2001, pero no recobró su libertad por la petición estadounidense.
Presentó varios recursos para evitar su extradición a Estados Unidos, aprobada en noviembre de 2011 por el expresidente Álvaro Colom (2008-2012).