El guion ya se conoce: llegada al poder, reforma o redacción de una nueva Constitución y reelección continua e indefinida. Sucedió en Ecuador, Venezuela, Nicaragua y también en Bolivia.

En este último país, Evo Morales pretende gobernar cinco años más luego de los resultados oficiales de los comicios del 20 de octubre, confirmados el viernes, tras un controversial escrutinio que le otorga la diferencia mínima para evitar una segunda vuelta e inaugurar en enero próximo su cuarto periodo presidencial consecutivo.

Morales, como Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, vincula su permanencia en el poder como condición sine qua non para la supervivencia de su proyecto político, que a lo largo de sus tres gobiernos ha tenido como ejes la nacionalización de los recursos naturales, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el empoderamiento de mujeres, indígenas y campesinos, y el desarrollo de las áreas rurales.

Al contrario de las elecciones del 2005, 2009 y 2014 cuando ese exdirigente del sector cocalero ganó con holgura, esta vez el desenlace de la consulta en las urnas puso de relieve lo que los sondeos de intención de voto preveían: un debilitamiento de la base electoral del mandatario, que logra con apuros los 10 puntos porcentuales requeridos por la Ley Fundamental para evitar el balotaje.

También, a diferencia de las ocasiones anteriores cuando puso su nombre en competencia electoral, el primer presidente indígena de Bolivia tendrá que cargar con la sombra de la sospecha de un conteo rápido que en un primer corte reveló que su diferencia sobre Carlos Mesa, postulado por Conciencia Ciudadana (CC), era insuficiente para evitar la segunda ronda de comicios en noviembre.

Vino una pausa de 20 horas en el escrutinio, que al reanudarse con el 95% de sufragios contados mostró al abanderado del Movimiento al Socialismo (MAS) con un margen que le permitiría la nueva reelección.

El fantasma de un fraude, del cual el país suramericano estaba al margen, sigue presente en países latinoamericanos como Nicaragua, Venezuela y Honduras, donde se abrió la opción de que el presidente aspire a seguir gobernando, supuestamente legitimado por el veredicto de las urnas.

Más todavía cuando las denuncias de manipulación del escrutinio tampoco desaparecen, ni siquiera en la era de la informática.

Cuauhtémoc Cárdenas, aspirante presidencial en México por la coalición Frente Democrático Nacional (FDN), vio evaporarse su ventaja en el conteo de votos de las elecciones de 1988 después de que una “caída del sistema” paralizó esa tarea. Cuando se subsanó el presunto problema, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de Gortari, apareció en la vanguardia y ganó.

Y, más recientemente, en noviembre del 2017, se produjo una situación calcada en Honduras: antes de que se paralizara el procesamiento de los datos, el opositor Salvador Nasrala se imponía sobre el presidente Juan Orlando Hernández, quien buscaba un segundo periodo consecutivo. Cuando el conteo se reanudó, el candidato a la reelección iba en la delantera y el tribunal electoral lo declaró vencedor.

En entredicho

Los reclamos de Mesa sobre un manejo irregular de los resultados han encontrado eco fuera de Bolivia.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) es del criterio de que, pasara disipar las dudas y afianzar la legitimidad del vencedor, “la mejor opción” es convocar la segunda ronda, posición que también respalda la Unión Europea (UE). El grupo también señaló anomalías que, a su juicio, afectaron" la transparencia, legalidad, equidad, independencia e imparcialidad" que deben imperar en un proceso electoral.

Estos cuestionamientos fueron rechazados, de inmediato por el gobierno, al tiempo que el presidente Morales se proclamó vencedor no obstante que anteriormente había solicitado una auditoría de la OEA de los resultados de los comicios.

Por otra parte, Morales recurrió a denunciar las protestas opositoras como parte de “un golpe de Estado” en curso, un alegato que se usó en Nicaragua para descalificar los reclamos populares contra el régimen de Daniel Ortega y que a menudo se escucha en Venezuela con idéntico propósito.

El respeto de Morales a la voluntad expresada en las urnas, cuestionada por sus adversarios políticos en esta ocasión, tiene un antecedente indiscutible cuando el gobernante sometió a un referendo -en febrero del 2016- un proyecto de reforma constitucional para autorizarlo a competir en las elecciones del 2019. Un 51% de los ciudadanos dijo no, y el presidente se comprometió a respetar el resultado.

Sin embargo, muy pronto Evo Morales se mostró disconforme con la decisión popular y enfiló sus baterías contra las redes sociales, a las que acusó de difamarlo y haber influido en su derrota.

Morales no se dio por vencido en su afán por volver a ser candidato. Recurrió al Tribunal Constitucional -cuya independencia ponen en duda los opositores- y este lo autorizó con el alegato de que la Constitución del 2009 (que limita a una sola reelección) vulneraba un derecho humano al impedirle presentarse a la contienda.

Lo que no da lugar a controversia es que esta última elección dejó en claro que 13 años de ejercicio del poder han minado el respaldo al presidente, que necesita de un fuerte apoyo en el Congreso (cuya composición aún se desconoce) para sacar adelante proyectos clave, sobre todo en el campo económico.

El país, que en los últimos años vivió la bonanza de los precios de materias primas como el gas y otros recursos energéticos, tiene el reto de enfrentar un momento diferente.

De reelecciones sin sorpresa anteriormente, Evo Morales vivió ahora un desenlace de photo finish para evitar la segunda vuelta.