San Salvador. ACAN-EFE. El Gobierno salvadoreño pretende aumentar las operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas para detener la escalada de violencia por la cual se han duplicado los asesinatos en lo que va del 2016. El planteamiento lo hizo el viernes al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) .
Según el comisionado de la Presidencia para asuntos de seguridad, Hato Hasbun, quien encabezó la comitiva gubernamental, las acciones se enfocan en las cárceles y en incrementar el papel policial y militar en el país, sin incluir la opción de decretar un estado de sitio , como recientemente dijo el presidente, Salvador Sánchez Cerén.
Consultado sobre la posibilidad de instaurar este régimen, insistió en la necesidad de tomar medidas excepcionales, con mayor financiamiento y prevención, pero no aclaró la postura oficial al respecto.
Paulatinamente. E cuanto a la posible fecha de implementación de estas acciones, puntualizó que “hay medidas que se van a presentar dentro de 15 días y otras en un tiempo sin definir”.
“Frente a un problema tan complicado, no podemos perder la serenidad” porque “no se puede resolver de la noche a la mañana”, expuso después de la reunión, que se prolongó durante más de dos horas.
Hato Hasbun aseguró que, pese a ser “medidas excepcionales”, las propuestas se enmarcan en el plan El Salvador seguro , creado por el CNSCC. “De ninguna manera vamos renunciar a un plan que fue creado en consenso y que contiene ejes fundamentales para el combate de la delincuencia y la inseguridad”.
Este plan “puede tener aportes, propuestas nuevas, no es un plan cerrado” y “se trata de ir impulsando dentro del plan algunas medidas extraordinarias en un momento y frente a una situación complicada”, afirmó.
Agregó que los representantes de los partidos de oposición y de las iglesias dieron “recomendaciones para integrarlas dentro de esas medidas excepcionales” que aún no han sido presentadas al presidente.
El comisionado destacó la postura de los representantes del principal partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de “contribuir, de trabajar juntos”, pese a que estos presentaron críticas a la política de seguridad.
No obstante, las conclusiones a las que pueda llegar el CNSCC sobre esta materia, no son vinculantes, ya que, finalmente, las decisiones recaen sobre el Gobierno o en la Asamblea Legislativa.
El CNSCC, integrado por diversos sectores de la sociedad e instituciones, nació en setiembre del 2014, con el objetivo de promover y facilitar el diálogo y la concertación alrededor de las políticas públicas relacionadas con la Justicia.
Se creó con la idea de contar con un espacio de “diálogo democrático” para articular acciones e intercambiar opiniones entre el Estado y los demás sectores, que permitan ejecutar intervenciones integrales que fortalezcan la seguridad ciudadana, reduzcan los niveles de violencia y frenen el crecimiento de la delincuencia.
En lo que va del 2016, El Salvador registra un total de 1.621 muertes violentas, frente a las 783 del mismo en 2015, lo que representa un incremento del 107%.
Derechos humanos. Mientras continúa el análisis de esas medidas, el representante del Sistema de Naciones Unidas en el país, Christian Salazar, expresó la necesidad de que ellas se enmarquen dentro del respeto a los derechos humanos.
“Nosotros esperamos que siempre las medidas que se tomen estén apegadas a los derechos humanos y a los tratados internacionales que El Salvador ha ratificado”, declaró al salir de la reunión del CNSCC, del cual es miembro.
Salazar expresó: “Fue muy importante escuchar que el Gobierno mira las medidas excepcionales siempre dentro de una política integral de seguridad; es decir, siempre en el marco del control del territorio, el apoyo a la persecución, y la prevención, atención y protección de víctimas”.
Añadió que la violencia en El Salvador tiene que ver con la “falta de oportunidades a los jóvenes, la exclusión social, la calidad de las escuelas”, problemas que, según dijo, “ningún país del mundo puede resolver rápidamente” .