México y Washington. AFP. El mexicano Edgar Tamayo Arias, de 46 años, fue ejecutado anoche mediante la aplicación de una inyección letal en la cárcel estadounidense de Huntsville, Texas, confirmaron fuentes de la Autoridad Penitenciaria.
Hasta el último minuto, familiares y activistas esperaban que se suspendiera la medida, pero la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó las apelaciones presentadas para suspender la ejecución, informaron sus abogados.
Horas antes de su deceso, las defensoras Sandra Babcock y Maurie Levin alegaron que la ejecución de Tamayo “violaba los compromisos de EE. UU. con tratados, amenazaba los intereses nacionales de política exterior y minaba la seguridad de todos los estadounidenses en el exterior”.
De las últimas apelaciones enviadas a la Corte Suprema, una se apoyaba en la violación de los derechos consulares de Tamayo, mientras otra reabriría el tema de un eventual retardo mental.
Una lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales intentó en los minutos finales evitar la muerte del mexicano, condenado a muerte por el asesinato del oficial de policía Guy Gaddis, en 1994, en Houston, pero privado de sus derechos consulares, en violación de la Convención de Viena .
La Convención de 1963, ratificada por 175 países, incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos.
El martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución del reo y volver a revisar su caso, como lo había decidido la Corte Internacional de Justicia en el 2004, al determinar que no se le había proporcionado un proceso justo.
Violación de derechos. Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denuncian lo que califican una violación vergonzosa del derecho internacional, tanto en este caso como en los de más de 50 mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
La ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández, de 44 años, fue fijada el martes para el 9 de abril, también en Texas.
“Seguiremos intentando que se respete el fallo de La Haya antes de cada ejecución, pero, a final de cuentas, estas decisiones están en las manos de los Estados”, afirmó recientemente Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina.
Con el deceso de Tamayo, el número de ejecutados en Estados Unidos desde 1976 pasó ayer de 1.632 a 1.633, según reportes de las autoridades.
Protestas. En Cuernavaca, ciudad del centro de México, unas 200 personas marcharon el martes para protestar contra la ejecución de Tamayo Arias.
También en la capital, frente a la Embajada de Estados Unidos, otro centenar de integrantes de una organización defensora de los derechos de los inmigrantes llamó a anular la pena capital.
A su vez, organizaciones pro derechos humanos y de apoyo a inmigrantes se manifestaron en la región de Cuernavaca en “espera de una reflexión” por parte del gobernador de Texas, Rick Perry.
En total, 96 latinoamericanos aguardan en los corredores de la muerte en cárceles estadounidenses, 58 de ellos de nacionalidad mexicana.
La lista incluye nueve cubanos, 10 salvadoreños, cinco colombianos y cinco hondureños, así como detenidos de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Argentina, y un español.
Desde la reinstalación de la pena capital en Estados Unidos, 17 ciudadanos latinoamericanos fueron ejecutados, en su mayoría mexicanos, de acuerdo con la organización Death Penalty Information Center .