Donald Trump, respaldado por todas las esferas de poder que aún controla tanto en el Ejecutivo como en el Judicial en Estados Unidos, lanzó esta semana toda una operación dirigida no solo a entorpecer la transición, sino a deslegitimar la victoria del presidente electo, Joe Biden.
Quizá el desarrollo más delicado haya sido el memo que envió el fiscal general, William Barr, en el que pide a los funcionarios de esta dependencia comenzar a investigar las denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones sin que exista aún evidencia.
Se trata de una movida muy polémica, pues va en contravía de una práctica implementada por más de cuatro décadas y bajo la cual las autoridades federales siempre se han abstenido de “meter la mano” hasta que los estados no hayan certificado el resultado de las elecciones. Eso se hace para evitar la intromisión del aparato federal en un proceso que inicialmente les corresponde a las autoridades electorales a nivel estatal.
El memo de Barr provocó la renuncia inmediata, y en oposición, de Richards Pilger, del jefe de la división sobre Crimen Electoral en el Departamento de Justicia y encargado de estos procedimientos.
Así mismo, provocó una carta de exveteranos del Departamento de Justicia, en su mayoría republicanos, en la que denuncian el paso de Barr. “Son los votantes los que deciden el ganador de una elección, no el presidente ni el Fiscal General. Gracias a un grupo bipartidista de experimentados funcionarios y trabajadores electorales, este país y sus estados condujeron unas elecciones que fueron justas y seguras. No hemos visto evidencia alguna de algo que pueda interferir en que se certifiquen los resultados, que es algo que deben manejar los estados y no la administración”, dicen en la carta.
Aunque se supone que la Fiscalía es un órgano independiente, Barr fue nombrado por Trump y es visto como un fiel servidor del mandatario.
Igual de preocupantes eran los reportes sobre la inminente destitución de Christopher Wray, el actual director del FBI y que Trump detesta porque no les dio relevancia a las acusaciones de su campaña contra la familia de Biden.
Wray, que también fue nombrado por el mandatario, es el funcionario que encabezaría cualquier investigación sobre los supuestos fraudes. Y aunque no se sabe a quién nombraría Trump en su reemplazo, todo indica que será una persona que acomode sus quejas.
En otro frente, la Casa Blanca dio la orden a todos sus funcionarios de no colaborar con la transición de poder que ya debería haberse iniciado.
El presidente, además, le tiene bloqueado a Biden el acceso al Departamento de Estado, que pone en contacto al ganador con gobiernos del mundo.
Biden afirmó ayer que la negativa de Trump de reconocer su derrota era “vergonzosa”, al tiempo que afirmó que miembros del Partido Republicano estaban siendo “intimidados a medias” por el presidente saliente.
Muchos líderes republicanos en el Congreso, que en un comienzo dieron fe de que las elecciones habían sido justas, han comenzado a recular insistiendo en que las denuncias son serias y no se puede declarar un ganador hasta que los estados no certifiquen los resultados. Algo que sucedería el 8 de diciembre.