Guatemala. AP. La Corte Suprema de Guatemala dio trámite el martes a un antejuicio al presidente Otto Pérez Molina por su presunta vinculación en un caso millonario de fraude fiscal y envió el expediente al Congreso para que integre la comisión investigadora respectiva.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de la inmunidad por considerar que está relacionado con una red de funcionarios y particulares que recibió sobornos de empresarios para evadir al fisco.
El magistrado Rafael Rojas dijo que la resolución fue adoptada por unanimidad de los 13 magistrados que conforman la Corte Suprema.
Solo la jueza Blanca Stalling, quien también ha salido vinculada en escuchas telefónicas con el caso, se excusó de conocer y fue reemplazada por un magistrado suplente.
La Corte enviará el nuevo expediente al Congreso donde la comisión investigadora será integrada por cinco diputados electos al azar que rendirán informe al pleno y recomendarán o no el retiro de la inmunidad.
Crisis galopante. El presidente Pérez Molina vive la peor crisis de su gobierno tras la petición de la Fiscalía de que se le retire el fuero legal para ser investigado por el escándalo de corrupción al fisco guatemalteco.
Desde el viernes han renunciado cinco ministros de los 13 miembros del gabinete, ocho viceministros y dos secretarios, en medio de protestas que piden la renuncia del mandatario.
De acuerdo con la Fiscalía y la Cicig, hay fuertes indicios de que el mandatario está comprometido con una red de defraudación aduanera, denominada “La Línea”, que habría robado millones de dólares al fisco.
Por su lado, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta cargos por el mismo caso. Un juez abrió el martes un proceso penal en su contra.
Baldetti, detenida el viernes, está acusada de encabezar junto el gobernante la organización mafiosa de defraudación aduanera, un escándalo que tiene al país en convulsión.
“Después de hacer los análisis de los medios de investigación, se considera prudente dictar el auto de procesamiento en contra de Íngrid Roxana Baldetti Elías”, dijo en la audiencia el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
Por su parte y a pesar de las acusaciones, Pérez Molina sostuvo el domingo por televisión que no renunciaría al cargo, que se sometería a los tribunales de justicia, pidió perdón por la corrupción en su gobierno y negó los cargos en su contra.
Se espera que en los próximos tres días se registren protestas y bloqueos de carreteras para pedir la renuncia del mandatario.
El líder campesino Carlos Barrientos anunció que habrá más de 25 puntos que estarán bloqueados para presionar por la renuncia y el rechazo a las elecciones programadas, debido al clima de incertidumbre.
La situación es seguida por diversos sectores que pretenden evitar violencia en el país, que tiene elecciones generales previstas para el 6 de setiembre.
No a violencia. Helen Mack, activista de derechos humanos, cree que Pérez “llamó a la confrontación para volverse un perseguido político para evadir la Justicia; así que cualquier acto violento será su responsabilidad”.
La representante estudiantil Lucía Ixchiu llamó “cobarde” al presidente porque se atrinchera en su puesto sin escuchar el “clamor popular que pide su salida”.
El sector empresarial pidió públicamente su renuncia y a esto se unió la Iglesia católica.
El analista y ex vicepresidente Eduardo Stein indicó que “hay incertidumbre de ver que es lo que va a pasar después de las acusaciones tan graves de la Cicig”.
Para la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, esta semana es “crucial que todos los sectores tengamos la capacidad de no propiciar violencia”.
La Cicig, un ente de Naciones Unidas para desarticular aparatos clandestinos y de seguridad dentro del estado guatemalteco, dijo que La Línea estaba integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos en sus importaciones.