Washington. AP. La Corte Suprema mostró una división tajante ayer en torno a la impugnación más reciente a la ley de salud del presidente Barack Obama, referida, esta vez, a los subsidios impositivos que permiten a millones de estadounidenses de bajos ingresos acceder al seguro.
Los jueces interrogaron a los abogados de ambos bandos de lo que la jueza Elena Kagan llamó “esta historia de nunca acabar”, la pelea con matices políticos en torno a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, prácticamente no abrió la boca en los 90 minutos de toma y daca, y las preguntas del juez Anthony Kennedy no indicaron cómo se pronunciará. El voto de Roberts fue crucial para ratificar la ley en 2012.
Aparte de eso, resultó evidente la misma división entre izquierda y derecha que caracterizó el caso anterior.
Los impugnadores argumentan que solo pueden optar por los subsidios los habitantes de los estados que crearon sus propios mercados para el seguro de salud. El Gobierno sostiene que, de acuerdo con la ley, los subsidios rigen en los 50 estados.
Desde dos ópticas. Desde el inicio, los jueces liberales acribillaron con preguntas al abogado Michael Carvin.
La jueza Ruth Bader Ginsburg dijo que la ley otorga a los estados la flexibilidad para crear sus propios mercados o confiar en el mercado federal. Dar subsidios solo a la gente de algunos estados sería “desastroso”, consideró.
Cuando el abogado del Gobierno, Donald Verrilli Jr., pasó al estrado, fue el turno de los jueces conservadores Samuel Alito y Antonin Scalia.
“Tal vez no sea la ley que pretendía el Congreso, pero tal vez sea la ley que el Congreso escribió”, manifestó Scalia con respecto a la frase cuestionada.
El caso se centra en una frase de cuatro palabras – “creado por el estado”– en una ley de más de 900 páginas. Según los impugnadores, esas palabras son la prueba clara y contundente de que el Congreso quería limitar los subsidios a la gente de los estados que crean sus propios mercados.
Verrilli arguyó que la ley admite una interpretación amplia y señaló que millones de personas perderán el seguro de salud si la Corte falla contra el Gobierno.
Kennedy votó contra la ley en el 2012, pero el miércoles hizo preguntas a ambas partes que no permitieron conjeturar cuál sería su posición esta vez.
Insinuó que el argumento de Carvin planteaba un problema constitucional “serio” sobre la relación entre los estados y el Gobierno federal. No pareció convencido por lo dicho de Verrilli.
Un fallo a favor de los impugnadores tendría consecuencias drásticas, porque unas tres decenas de estados, muchos de ellos con gobernadores republicanos, resolvieron no crear su propio mercado. Los residentes de esos estados dependen de un mercado federal. Estudios independientes calculan que cerca de 8 millones de personas perderían el seguro.
Los demócratas temen un revés, pero los republicanos corren riesgo: millones de votantes en estados que ellos gobiernan perderían los subsidios.