Los Ángeles, California
El fiscal general de California, Xavier Becerra, introdujo este lunes una demanda contra la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar, en seis meses, un programa que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños.
El recurso sostiene que el gobierno de Trump "violó la Constitución y las leyes federales cuando rescindió el DACA", la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, indicó un comunicado del despacho de Becerra.
"Uno de cada cuatro de esos 'dreamers' (soñadores, como son denominados los beneficiarios del programa) del DACA tienen a California como su hogar y no es coincidencia que este gran estado sea la sexta mayor economía del mundo", indicó Becerra, primer latino en escalar en California a esta posición equivalente a un secretario de Justicia.
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"En California no sólo los apoyamos y los valoramos, luchamos por ellos" y "no permitiremos a Donald Trump destruir las vidas de jóvenes inmigrantes que hacen de California y de nuestro país un lugar fuerte".
De los 800.000 jóvenes que se beneficiaron de este programa creado por el expresidente Barack Obama en 2012, unos 200.000 viven en California.
La denuncia fue introducida en una corte de California junto a los estados de Minnesota (norte), Maryland y Maine (noreste).
Miles de personas marcharon el domingo en Los Ángeles contra la decisión de Trump, y manifestaciones similares se han registrado en los últimos días en otras ciudades, incluidas Nueva York y Washington.
Dieciséis fiscales generales de 15 estados y de la capital presentaron hace casi una semana otra demanda que argumenta que el gobierno violó la Constitución al discriminar a los jóvenes DACA de origen mexicano, que representan un 78% del total.
A esa demanda no se unió California. La AFP consultó el despacho del fiscal Becerra el porqué, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
La demanda se anunció mientras el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, visitaba la capital del estado para reunirse con legisladores y beneficiarios del DACA en un viaje de dos días.
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Se tiene previsto que los legisladores estatales de California presenten cambios a un proyecto de ley destinado a limitar la cooperación de los funcionarios estatales y locales con las autoridades federales de inmigración. Eso haría que California se convirtiera en el primer estado santuario para inmigrantes.
A diferencia de la demanda interpuesta en Nueva York, la nueva querella no alega que la decisión de Trump estuvo motivada por prejuicios en contra de mexicanos.
En cambio, se centra en las declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump acerca de que los jóvenes inmigrantes que forman parte del programa roban empleos a los estadounidenses y de que el programa conlleva a un incremento en los inmigrantes provenientes de América Central.
El gobierno del presidente Trump, a través del procurador general Jeff Sessions, dijo la semana pasada que no se aceptarían nuevas solicitudes para acogerse al programa y dio al Congreso un plazo de seis meses para actuar, o de lo contrario el DACA será cancelado.
Sessions dijo que la orden ejecutiva del presidente Barack Obama para autorizar el DACA sin aprobación del Congreso "fue un ejercicio inconstitucional de autoridad”.