Tegucigalpa. AFP El fiscal general, Luis Alberto Rubí, dimitió ayer luego de que una comisión que investiga al Ministerio Público pidiera su despido al Congreso, por considerarlo incapaz contra la corrupción y crimen en Honduras, uno de los países más violentos del mundo.
“Interpongo mi renuncia irrevocable luego que, con serenidad y paciencia, he observado las acciones del Congreso en obtener mi dimisión, lo que ha llegado a niveles intolerables para mi dignidad”, expresó Rubí en su carta de renuncia, enviada al Poder Legislativo.
Rubí, nombrado por el Congreso por seis años (hasta mayo de 2014), dijo sentirse “satisfecho del deber cumplido y en preservar el Estado de derecho, y autonomía del Ministerio Público”.
El fiscal general adjunto, Roy Urtecho, también cuestionado por la comisión, anunció poco después su renuncia. “Lo hice para evitar una crisis en Honduras”, apuntó.
La comisión, que mantiene desde abril intervenida a la Fiscalía, instó el martes a los diputados a destituir a ambos y a enjuiciarlos.
La comisión los culpa de “generar deficientes investigaciones en las causas penales y aumentar la impunidad de los delitos cometidos contra la ciudadanía”.
El Ministerio Público investiga apenas 5% de los más de 50.000 casos que recibe cada año, de acuerdo con el informe.