Chicago
La policía del estado de Louisiana, en el sur de Estados Unidos, presentó el martes cargos contra un hombre blanco de 23 años que mató a dos negros, en un ataque presuntamente impulsado por motivos raciales.
Las autoridades de Baton Rouge dijo que Kenneth James Gleason mató la semana pasada a dos hombres negros, a quienes escogió al azar en asesinatos "fríos, calculados, planeados".
"Éste es un posible caso de pena de muerte", aseguró el fiscal Hillar Moore en una conferencia de prensa. Gleason enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato de otra persona.
Las autoridades no revelaron un motivo para los crímenes, al explicar que todavía están interrogando al detenido. Pero, aludiendo al ingrediente racial del caso, el jefe de policía de Baton Rouge, Jonathan Dunnam, dijo que las acciones de Gleason "pudieron haber creado potencialmente una rasgadura en el tejido que mantiene unida a esta comunidad".
El accionar del acusado comenzó el lunes pasado, cuando se cree que disparó varias veces en la casa de un vecino afroamericano. Nadie murió en ese incidente.
El martes, eligió supuestamente al azar a Bruce Cofield, de 59 años, y lo mató a tiros. El jueves volvió a matar, esta vez disparando 10 veces a Donald Smart, de 49 años.
La policía dijo que ambos hombres fueron asesinados de la misma manera: Gleason primero les disparó desde dentro de su coche y luego salió, se colocó sobre las víctimas y disparó varias veces más.
"Si no hubiera habido una rápida conclusión de este caso, estoy seguro de que este asesino habría matado de nuevo", dijo Dunnam.
El abogado de Gleason, Christopher Alexander, no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP, pero le dijo al periódico The Advocate que su cliente "niega vehementemente la culpabilidad".
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Agencia AFP
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ALERTAS/FLASH: EEUU-criminalidad
Corte Suprema de Brasil niega a Temer pedido de devolver denuncia a la Fiscalía
Brasilia, 20 Set 2017 (AFP) - El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) rechazó este martes el pedido de la defensa del presidente Michel Temer, que había solicitado devolver a la Fiscalía la segunda denuncia en su contra por considerar que se refería a hechos anteriores a que asumiera el poder.
El juez Edson Fachin negó la petición argumentando que ya hay otra juzgándose en la corte con potencial para congelar las acusaciones -y cuyo debate se retomará el miércoles-, sobre la validez de las confesiones de los ejecutivos de JBS.
Temer, que en junio se convirtió en el primer mandatario brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común, fue denunciado de nuevo por el ya exprocurador general Rodrigo Janot el pasado jueves por "organización criminal" y "obstrucción a la justicia".
Enfrentado con el fiscal -que finalizó el domingo sus cuatro años en el cargo-, el presidente ya había intentado frenar esta segunda acusación incluso antes de que se hiciera pública, pidiendo a la corte suprema que impugnara a Janot "por obsesiva conducta persecutoria".
Pero el STF negó por unanimidad su intento hace una semana, dejando vía libre al fiscal para que presentara su segunda acusación horas después.
El pleno de la corte se quedó a medias, sin embargo, en la discusión de otra solicitud de los letrados de Temer, que pidieron bloquear cualquier nueva denuncia hasta determinar si hubo irregularidades en la obtención de las pruebas ofrecidas por los directivos del gigante de la alimentación JBS.
Los hermanos Wesley y Joesley Batista firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia a cambio de inmunidad, por el cual revelaron que Temer supuestamente había recibido dinero por debajo de la mesa y avalado sobornos para mantener callados a quienes pudieran incriminarlo.
Pero el pacto fue anulado luego de que el propio Janot, que gestionó esa confesión, detectara que habían ocultado información.
Ambos hermanos fueron encarcelados.
La discusión se retomará este miércoles en la corte suprema, pero ya con la nueva fiscal general, Raquel Dodge, ocupando el puesto de Janot, cuyas últimas semanas en el cargo intensificaron la guerra entre poderes y en el seno del mismo Poder Judicial brasileño.
El procurador acusó a Temer en junio de "corrupción pasiva", tras la revelación de la grabación de una charla con Joesley Batista, en la que el mandatario conservador parecía avalar pagos ilegales, entre ellos un soborno para comprar el silencio de un diputado preso.
Pero la Cámara de Diputados rechazó en agosto encaminar al STF el pedido de examinar esa denuncia.