Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh) informó este lunes de que los cuerpos de seguridad de Honduras “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal” para dispersar las protestas surgidas después de las elecciones generales del 26 de noviembre.
El uso de la fuerza fue mayor por parte de la Policía Militar, señaló un informe de la agencia de la ONU difundido este lunes, que además indica que en las protestas murieron “por lo menos 22 civiles y un agente de policía”.“
Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad”, indicó el Acnudh.
Antes de las elecciones, también se registraron otras 15 personas muertas, entre las que figuran “candidatos políticos, consejeros municipales y activistas”, agregó el informe.
El organismo indicó que hubo violaciones de derechos humanos entre el día de la votación, el 26 de noviembre del 2017, y la toma de posesión del presidente, Juan Orlando Hernández, el 27 de enero.
Según esa agencia de Naciones Unidas, aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”.
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“En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza”, y “estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, destacó el documento.
Indicó que hasta el 27 de enero, según información recibida, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
El ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien no reconoce los resultados de las elecciones, en las que Hernández fue reelegido, asegura que los muertos después de los comicios superan los 40, mientras que el Comisionado de Derechos Humanos (estatal ) ha registrado al menos 31.
El informe del ACNUDH agregó que unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1.° y el 5 de diciembre pasados, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el primer día de ese mes.
Medidas imprecisas
“Los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen ‘sospechosas de algún modo’ de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación”, indicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos.
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Las acciones derivadas del estado de excepción resultaron “en arrestos masivos e indiscriminados y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación”, indicó el informe.
Además de las detenciones, hubo “allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las ‘amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos’”, agregó.
Las violaciones de derechos humanos descritas en el informe se produjeron “en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar del 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social”.
El Acnudh instó al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
Hernández anunció el domingo desde Chile que este lunes se instalará en Tegucigalpa una mesa técnica de diálogo para iniciar la búsqueda de consensos entre los sectores políticos sobre reformas electorales y otros temas de interés nacional.
De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Husein, “la situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más”.
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Ello ocurrirá, según el alto comisionado, “a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”.
La agencia también recomienda a las autoridades hondureñas que restrinjan el uso de la Policía Militar y el Ejército en las funciones de aplicación de la ley, y regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Otra recomendación es la de que “se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones”.