Buenos Aires (AFP). La polémica sobre la calidad del servicio ferroviario comenzó a arder el jueves en una Argentina conmocionada por el choque del tren en el que murieron 50 personas, mientras los familiares buscan con desesperación a los pasajeros desaparecidos en el siniestro.
“Realizamos un informe en 2008 sobre deficiencias del ferrocarril Sarmiento. La situación era desastrosa y pésimo el sistema de frenos”, dijo a radio Mitre Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), cargo público de control reservado a la oposición.
Un convoy colmado con 2.000 pasajeros de la línea que une la capital con la superpoblada periferia oeste, entró el miércoles sin frenar a una plataforma de la terminal del barrio comercial de Once y embistió el paragolpe del andén.
“Desde entonces (2008) no ha cambiado demasiado (el servicio). La autoridad del Estado no ha actuado ni aplicado sanciones graves. Trenes de Buenos Aires (TBA, empresa concesionaria) ya ha protagonizado varios incidentes”, dijo Despouy.
En una declaración que mereció un aluvión de réplicas en la red social Twitter, el secretario de Transporte del gobierno federal, Juan Pablo Schiavi, afirmó que si el accidente “hubiera ocurrido el martes (feriado), habría sido una cosa menor”.
“Y los primeros vagones estaban abarrotados de gente porque los pasajeros suelen estar ahí para salir de la estación” rápidamente, agregó Schiavi, con rango de ministro en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.
La opositora Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), segunda fuerza parlamentaria, pidió en un comunicado la interpelación urgente de Schiavi en el Congreso para que responda por el trágico accidente.
Despouy, junto con otras fuerzas de oposición y la central obrera oficialista CGT, reclamaron además que el gobierno ponga fin a la concesión de TBA.