París
Los diputados franceses iniciaron hoy a examinar un proyecto de ley que prevé sanciones para los clientes de prostitutas, un tema que desata polémica en el país.
El debate se centra sobre la legitimidad de los poderes públicos para legislar sobre un tema de orden privado, pero también sobre la idea de que las prostitutas son víctimas de la violencia de las redes mafiosas.
En un país apenas repuesto de otro debate relativo a la sexualidad, el del derecho de los homosexuales al matrimonio, los partidarios y los adversarios de la penalización de los clientes de prostitutas se enfrentan a través de cartas abiertas y peticiones, a veces provocadoras, sobre un tema tabú que alimenta fantasmas desde hace décadas, desde la legalización de los burdeles en 1804 hasta su prohibición hace 70 años.
El proyecto, iniciativa de diputados de la mayoría socialista y de la oposición conservadora, se propone disuadir a los clientes de prostitutas penalizando la compra de actos sexuales con una multa de 1.500 euros ($2.000), multiplicada por dos en caso de reincidencia. Prevé asimismo un "cursillo de sensibilización" como alternativa a la multa.
El texto, que no prohíbe la prostitución, legal en Francia y ejercida por más de 20.000 mujeres, propone abrogar el delito de incitación que podía aplicarse hasta ahora a las prostitutas, una medida reclamada por éstas.
Apunta asimismo a luchar contra el proxenetismo, y propone medidas de reinserción en favor de las prostitutas, incluyendo la provisión de vivienda, ayuda financiera y facilitar la obtención de un permiso de estadía para las extranjeras, que representan entre 80 y 90% de las mujeres que ejercen la prostitución, según el ministerio del Interior.
Según un sondeo del instituto CSA, el 68% de los franceses se opone a la represión judicial de los clientes.
El proyecto se inspira de la ley vigente en Suecia, donde los clientes son penalizados desde 1999, lo que ha llevado a una reducción de 50% de la prostitución callejera en diez años, aunque no ha impedido el aumento de la incitación en internet.
En Europa se aplican, en grandes líneas, dos tipos de política al respecto: la sanción de los clientes o de las prostitutas, especialmente en los países nórdicos, o la organización de la prostitución, sobre todo en prostíbulos, como en Alemania y Grecia.
Se espera que el proyecto de ley que empieza a ser examinado el viernes por la Asamblea Nacional francesa sea adoptado el miércoles próximo, pero antes el debate se anuncia arduo.
Se trata de "disuadir al cliente de alimentar las redes con su dinero y de hacerle entender que no debe comprarse un acto sexual", sostiene la diputada socialista Maud Olivier, recalcando que la prostitución "es una violencia contra las mujeres".
Pero dentro incluso del Partido Socialista, se levantan voces discordantes.
Algunos diputados socialistas se hicieron eco de las inquietudes de prostitutas y asociaciones que las ayudan, como Médicos del Mundo, que señalan que la vigilancia de los clientes llevaría a las prostitutas a la clandestinidad, con riesgos mayores de estar expuestas a la violencia.
En la oposición de derecha, se espera que la mayoría de los diputados se abstengan a raíz de reticencias sobre "la penalización del cliente y la posibilidad de regulación de la estadía de personas que salen de la prostitución", en palabras del jefe del grupo parlamentario, Christian Jacob.
Los Radicales de Izquierda y los centristas dejarán la "libertad de voto" a sus parlamentarios.
Solamente los ecologistas votarán mayoritariamente contra el texto, por considerar que el mismo "no soluciona nada" y no establece claramente la distinción entre prostitutas víctimas de redes mafiosas y prostitutas "independientes".
Sin duda las divisiones sobre el tema serán mas visibles en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde dos manifestaciones están previstas el viernes: una contra la penalización del cliente, convocada por el Sindicato del Trabajo Sexual (Strass) y otra convocada por asociaciones feministas de ayuda a las prostitutas.
Por su parte ciertas prostitutas temen que la ley haga huir a los clientes, como Priscilia, que ejerce en París y que afirma que ya ha "perdido el 80% de sus ingresos", porque los clientes no se atreven a venir, incluso antes de que se apruebe la ley.