Tegucigalpa. Alejandro Durón, analista de sistemas de 34 años, recibió una llamada de su suegra cuando estaba trabajando. Alguien había deslizado un sobre debajo de la puerta de su casa localizada en un barrio céntrico de clase media. La amenazante nota pedía unos $2.500 y detallaba sus rutinas, horarios y lugares de trabajo de sus habitantes.
“Si no pagas, te pueden matar”, dice Alejandro, mientras explica que sufrió cinco asaltos las semanas previas para robarle cosas sin importancia.
“Eso estaba probablemente relacionado con el seguimiento que los delincuentes les habrían hecho”, asegura.
Alejandro y su pareja, Helen Ocampo, son tan solo dos entre una cantidad indeterminada de personas que se convirtieron en desplazados internos que se han visto forzados a abandonar sus casas por miedo a morir asesinados en represalia por no pagar el “impuesto de guerra”, que las pandillas M-18 y la Mara Salvatrucha han venido cobrando a los ciudadanos comunes.
Vidas nuevas. La extorsión a propietarios de viviendas es una nueva y escalofriante tendencia criminal en un país que se cuenta entre los más peligrosos del mundo . Al exigir que la gente pague para que puedan permanecer en su propio hogar, las pandillas han propiciado la desocupación de algunos barrios y han cambiado la manera como muchos viven.
Las autoridades coinciden en que una vez las casas son desocupadas, las pandillas la utilizan como base de operaciones o las alquilan para incrementar sus ingresos.
No hay cifras oficiales sobre cuánto se ha extendido esta modalidad criminal. La policía, la fiscalía y las agencias de la ONU que trabajan en Honduras dicen que el problema va en aumento, aunque los números son difíciles de conseguir porque la mayoría de las víctimas, como Alejandro, temen denunciar el delito.
“El número de extorsionados es mucho mayor que el denunciado”, dice Rafael Espinosa, jefe del programa de seguridad de la delegación de las Naciones Unidas en Honduras.
A finales del 2010, ese programa realizó una encuesta de victimización y percepción ciudadana de la violencia. El 30% de los encuestados dijo haber sido extorsionado alguna vez y el 26% más de una vez.
Las pandillas Mara 18 y Mara Salvatrucha, nacidas en las prisiones de California, son las principales responsables de este fenómeno. Entre ellas luchan por el control de los barrios para cometer extorsiones y traficar con drogas.
Pagar para vivir. El subcomisario de Policía, Miguel Martínez, dice que se enteró de las primeras extorsiones alrededor del 2008 y añadió una complicación legal al problema: “Aunque tengamos información de inteligencia respecto a los lugares en los que el problema se ha detectado, no podemos allanar las viviendas si no hay denuncias”.
“Las pandillas comenzaron extorsionando estaciones de taxis, pulperías, pero ahora el delito se ha extendido a toda clase de comercios, distribuidoras de bebidas, ferreterías y hasta vendedoras callejeras”, dijo Martínez.
“Extorsionar directamente sobre las viviendas es solo una etapa más, la última detectada, pero muy cruel para los vecinos porque no solo les quitan dinero, sino el techo que han construido con el trabajo de toda una vida”, agregó.
En la colonia 14 de marzo, considerada zona roja, “la pandilla les cobra un impuesto a los vecinos solo por (el derecho a) vivir”, dice el subinspector Brian Domínguez, que patrulla el lugar a diario. “Dicen que (les cobran) 300 lempiras a la semana (unos $15). No les permiten alquilar ni vender. Cuando no aguantan más, se van. Saben que las maras matan”, continúa.