México. AFP. El Partido Acción Nacional (PAN, que gobierno en México) pidió la separación temporal de su alcalde en Monterrey (norte) tras la detención de su hermano, quien apareció en videos recibiendo pagos en un casino, en el marco de un escándalo de extorsiones a casas de juego desatado por el incendio del Casino Royale que dejó 52 muertos.
Tras una jornada cargada de expectativas y rumores, el PAN pidió la noche del martes al alcalde Fernando Larrazábal su separación del cargo para investigar el caso.
“A mí me eligieron los ciudadanos de Monterrey”, dijo Larrazábal en una primera reacción ante la solicitud del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Ese partido político también pidió a Rodrigo Medina, gobernador del estado de Nuevo León, al que pertenece Monterrey, que deje el cargo de forma temporal.
Generar confusión. Esa solicitud tiene como “intención generar confusión” dijo en un comunicado el Partido Revolucionario Institucional (PRI, el de Medina).
A 10 meses de la elección presidencial de México, el caso adquiere otra relevancia porque “desnudó de forma trágica una serie de deficiencias de muchas instituciones” de Nuevo León, como los jueces, policías y funcionarios, que “en realidad es lo que sucede en todo el país” expresó, Mario Torrico, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Cuando el conteo de víctimas del incendio del Casino Royale aún no había concluido, el alcalde, representantes del Poder Judicial y el gobierno estatal ya estaban sumergidos en una serie de acusaciones sobre la razón por la que el casino estuviera abierto cuando se había clausurado por irregularidades en su ampliación.
Días después surgieron los primeros videos que revelaron el número de criminales que incendiaron el casino, y la presunta complicidad de la Policía estatal, y finalmente la prensa mexicana difundió los videos de Jonás Larrazábal y otro funcionario de la alcaldía.
El escándalo salpicó también a uno de los aspirantes del PAN para la candidatura presidencial, el actual secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
El martes, el diario Reforma difundió que el mayor operador de casas de juego en Monterrey, Juan José Rojas, donó ilegalmente cinco millones de dólares en el 2006 a candidatos del PAN, y que presuntamente tiene vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva.
Pero el hecho de que el alcalde milite en el PAN y el gobernador en el PRI “crea un contexto ideal para que nadie acepte la culpa y al mismo tiempo no exista un único culpable”, añadió el analista Torrico.
El caso ya fue denominado por la prensa como “quesogate” porque Jonás Larrazábal, hermano del alcalde, sostiene que el dinero que recibió en efectivo es producto de la venta de quesos, aunque de acuerdo con investigaciones de la prensa local, sus productos son totalmente desconocidos en Monterrey.
Cinco individuos han sido detenidos hasta ahora por el incendio del casino y declararon pertenecer al cartel de drogas de Los Zetas, además de un policía.