Asunción. EFE y AFP. Varios países de Suramérica rechazaron ayer el proceso de destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, y algunos de esos Gobiernos ya se pronunciaron en contra de reconocer el cambio de mando en solidaridad con el político.
El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, calificó de “golpe ilegítimo” aquel hecho y no reconocerá a ningún otro presidente.
Correa dijo que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debe poner en práctica sus normas “contra actos ilegítimos como el ocurrido en Paraguay en 24 horas, que contempla, por ejemplo, el cierre de fronteras”.
En esa misma línea, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, declaró en Asunción que estuvo al lado de Lugo, observando el final del juicio político, y opinó que esto tendrá consecuencias.
“Aplicaremos seguramente la cláusula democrática de Unasur referente a la defensa de la democracia”, afirmó en alusión al eventual aislamiento internacional contra Paraguay.
“La rápida destitución del mandatario fue una nueva modalidad de golpe de Estado”, dijo.
Unasur emitió un comunicado antes de que el Senado declarase a Lugo “culpable” de mal desempeño de sus funciones y lo separase del cargo, en el que sostuvo que el juicio político era “una amenaza de ruptura al orden democrático al no respetar el derecho al debido proceso” .
Por su parte, el Gobierno costarricense deploró la salida del exobispo Lugo “mediante un procedimiento que muestra visos de golpe de Estado”.
En un comunicado oficial, el canciller Enrique Castilllo, quien participó en la Cumbre de Río+20, expresó que al presidente Lugo no se otorgó las posibilidades ni tiempo suficiente para un debido proceso de defensa.
Recordó que Costa Rica, fiel a su tradición de tierra de asilo, estará anuente a acoger al exgobernante si este así lo solicitara.
En tanto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió en una sesión extraordinaria .
Su secretario general, José Miguel Insulza, rechazó describir la situación como un golpe de Estado pues, afirmó, el procedimiento legal, constitucional, se siguió.
“Lo que planteamos es la duda de si al seguirlo se están respetando los derechos de las personas a defenderse”, indicó Insulza.