Silvia Fernández de Gurmendi, de 61 años, fue elegida en marzo como presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
Fernández estudió Derecho en las universidades de Córdoba (Argentina) y Limoges (Francia). Se desempeñó como diplomática en su país y también ocupó el cargo de directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el 2010 fue elegida como jueza de la Corte que ahora preside.
Este tribunal nació en el 2002 y ha abierto procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio en Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. También mantiene en fase preliminar casos sobre Afganistán, Colombia, Nigeria, Guinea, Honduras, Irak, Ucrania y Palestina.
La presidenta, quien ocupará el cargo hasta el 2018, concedió una entrevista a este diario el jueves 9 de julio. En ella hizo un recuento de los principales logros que ha tenido la Corte en los 13 años de funcionamiento, así como de sus limitantes, y detalló hacia dónde dirige sus propósitos.
La Corte Penal Internacional acaba de cumplir 13 años desde que entró en vigencia el Estatuto de Roma. ¿Cuáles han sido los aportes para el ideal de hacer una justicia internacional?
La Corte en 13 años ha enfrentado numerosos desafíos, desde crear la institución, ponerla en marcha, establecer las estructuras, reclutar los equipos de investigación, así como iniciar acuerdos de cooperación con Estados y organizaciones. Desde un comienzo, hubo un reconocimiento y una expresión de confianza hacia la Corte por parte de los mismos Estados, eso fue muy importante para comenzar las operaciones de la institución. Hubo muchos desafíos, porque se demostró también en estos años la importancia de la cooperación y también la dificultad de obtenerla. Hay desafíos muy importantes que están vinculados con lo que tiene que hacerse a futuro, que es empezar a aplicar, por primera vez, un sistema jurídico totalmente nuevo, ya que el marco legal de la Corte es absolutamente nuevo y novedoso. Se hizo uno propio, sui generis , que combina elementos jurídicos de todos los sistemas del mundo; y poner eso en funcionamiento fue en sí mismo un gran desafío. Por eso, hoy 13 años después, la Corte está empeñada en observar lo que ocurrió en estos años desde el punto de vista de la aplicación del sistema para ver cómo se puede mejorar porque es obvio que los juicios que se hicieron en esos años fueron excesivamente lentos y que debemos lograr acelerar el procedimiento judicial.
¿Cuánto falta y de qué depende que esa aspiración de hacer justicia internacional pueda ser realidad? ¿Dónde radican los obstáculos?
Hay un desafío institucional de mejorar la entidad hacia adentro, y allí los distintos órganos de la Corte están en este momento implementando reformas para fortalecer la calidad de las investigaciones, así como el funcionamiento de la democracia interna y los procedimientos judiciales. Después lo que necesitamos es lograr intensificar la cooperación externa, en particular, hay ciertas áreas de cooperación que han sido muy difíciles y que son centrales para un buen funcionamiento de la Justicia, que es por ejemplo, el Sistema de Protección de Testigos. Se trata de un tema en el que estamos insistiendo mucho porque la protección de testigos es vital para el funcionamiento judicial, por lo que hace falta que los Estados logren acuerdos voluntarios con la Corte para cuando sea necesario poder reubicar testigos. La Corte tiene distintos métodos para proteger a los testigos, pero a veces es necesario sacarlos de su país y reubicarlos en otro y ahí necesitamos acuerdos. Por supuesto, sigue siendo un desafío muy importante el arresto de personas y otro reto muy importante es promover una mayor ratificación del Estatuto de Roma . A lo largo de 13 años se lograron 123 ratificaciones y eso es muy importante, pero todavía quedan unos 70 países que están fuera del ámbito de la Corte, incluyendo países muy importantes y es necesario para el buen funcionamiento de la institución y para su legitimidad promover un mayor número de ratificaciones.
¿Cuánto limita esa aspiración el hecho de que países poderosos, como Estados Unidos, Rusia y China, no acepten la jurisdicción de la Corte y que incluso centroamericanos también mantengan esta posición?
Creo que, en general, a la Corte la limita que no haya una participación universal en el Tratado, más allá de que sean países grandes o países pequeños. El hecho de que la Corte no tenga todavía una participación de todos los Estados limita la posibilidad de que pueda involucrarse en cualquier situación donde se cometan crímenes de su competencia. Como la Corte ha sido creada por un tratado, el hecho de que no todos los Estados sean parte de ese tratado tiene un impacto técnico muy importante en el ámbito de lo que pueda hacer la Corte. Hay situaciones en el mundo donde se están cometiendo crímenes que podrían ser de competencia de la Corte y que no lo son porque los Estados concernidos no son parte; entonces esto limita muchísimo las posibilidades de la institución de cumplir con su mandato global. La única forma de que la Corte puede intervenir en ciertas situaciones de Estados que no son parte es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le envíe la situación a la Corte Penal Internacional, pero todos sabemos que el Consejo de Seguridad es un órgano político. En algunas situaciones puede considerar importante remitir la situación a la Corte, pero en otras no, y no están obligados a hacerlo, pero eso genera que la Corte no pueda, de manera igualitaria, involucrarse en todas las situaciones posibles.
Recientemente, Sudáfrica, signatario del Estatuto de Roma, permitió la salida del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, haciendo caso omiso a un pedido de detención por parte de la CPI. ¿Qué impacto tiene tal conducta en el trabajo de la Corte?
Esto demuestra que la Corte sin cooperación simplemente no puede con mandatos específicos, sin arrestos; sin cooperación para que la Corte pueda juzgar a las personas contra las cuales hay órdenes de arresto, es obvio que la entidad no puede cumplir con su mandato. Esta es una situación que se prolonga en el tiempo, en este caso y en otros, y que obviamente bloquea la posibilidad de que la Corte pueda actuar en casos determinados.
Colombia y Honduras son los únicos países en Latinoamérica que se encuentran en la fase de análisis preliminar. ¿En qué consiste este proceso?
Previo a abrir una investigación, existe una etapa de análisis preliminar. No es una investigación, pero la Corte debe analizar la información que recibe de Estados, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La Corte, por su sistema jurídico, está obligada a analizar esta información. Entonces, cuando existe este tipo de información que se le suministra, la Fiscalía abre una examinación preliminar y después de cierto tiempo determinará, sobre la base de este examen, si se justifica o no abrir una investigación. La Fiscalía puede durar bastante tiempo para decidir si se abre la indagación.
¿Cree que la Corte puede llegar a convertirse en un ente global? ¿Qué le hace falta?
La Corte, para ser global, necesita participación universal, o sea, mayor número de ratificaciones. Pero, además, para poder cumplir con un mandato global, necesita de cooperación global, es decir, no solamente de los Estados. Estos son muy importantes, pero también es relevante la cooperación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, la cooperación de Naciones Unidas y la cooperación de organizaciones regionales.
¿El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha cooperado lo suficiente con la Corte?
El Consejo de Seguridad es el órgano que ha remitido dos situaciones a la Corte: los casos de Sudán y Libia. El Consejo se ha limitado a remitir las situaciones, pero no ha habido realmente seguimiento de lo que se ha hecho y eso podría mejorarse.
¿Cómo puede ser la Corte sostenible en el tiempo?
La Corte para ser relevante y legítima, necesita mejorar su propio funcionamiento, necesita acelerar sus procesos y necesita mayor cooperación técnica, mayor cooperación para las investigaciones, para los juicios y apoyo político de manera general en todos los ámbitos.
¿En qué ha enfocado su trabajo desde que asumió el cargo? ¿Cuáles son sus objetivos para los próximos años?
Desde que comencé, hace tres meses , mi mayor prioridad como presidenta de la Corte es justamente promover todas las medidas posibles para mejorar el funcionamiento de la institución, también voy a promover un diálogo con agentes externos, pero he dicho que mi mayor prioridad es lograr que la Corte mejore su funcionamiento y mejore su eficacia. He tenido en el pasado una participación muy amplia en el sistema legal que aplica la Corte. Por ello, también creo que tengo una responsabilidad especial por que ese sistema que se creó en Roma pueda ser aplicado del mejor modo posible por la Corte Penal.