Ciudad de Guatemala. La turbulencia que desató en Guatemala la expulsión de la misión de la ONU que apoya el combate de la corrupción y la impunidad amenaza con empañar el proceso electoral de este año, cuando el país elija al sucesor del presidente Jimmy Morales, advirtieron analistas.
A las puertas de la convocatoria para las elecciones generales, el 18 de enero, Guatemala se vio sacudido por la intención de Morales de poner fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), medida frenada por un fallo judicial.
En medio de la convulsión jurídica y las tensiones políticas en alza, los guatemaltecos irán a las urnas en junio para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
Si en junio no ningún aspirante presidencial obtiene el 50% más 1 de los votos, se diputará una segunda vuelta en agosto entre los dos primeros lugares.
Las tensiones en torno al futuro de la Cicig han provocado un desinterés en la población por los comicios generales, afirmó Karina Flores, de la Red de Mujeres por la Democracia.
Aunque reconoce que la campaña no ha arrancado oficialmente, Flores considera que, si la situación se agudiza, “definitivamente el caso de la Cicig va a invisibilizar el proceso electoral”.
Flores estima que la turbulencia puede favorecer al partido gobernante (el derechista FCN-Nación), pues estaba bajo investigación de las autoridades electorales para su cancelación por financiamiento electoral ilícito en los comicios del 2015 que ganó Morales.
Morales contra la Cicig
El lunes, el mandatario dio a conocer su decisión de terminar anticipadamente la misión internacional, adscrita a la ONU, pero un día después sufrió un duro revés cuando la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad, dejó sin efecto la medida.
La decisión unilateral de Morales ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentó impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, finalmente admitido bajo el amparo de una orden de la misma Corte.
Ya había un precedente, ocurrido en setiembre, cuando Morales negó el ingreso al país al jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, mientras realizaba un viaje a Estados Unidos.
En agosto del 2017, el gobernante fue acusado por la Cicig de corrupción electoral en las elecciones del 2015, lo cual causó un fuerte distanciamiento con la Comisión.
La hostilidad del mandatario hacia el órgano adscrito a la ONU comenzó un año antes cuando la Comisión acusó a su hijo y su hermano de evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de un juicio.
“Todas las acciones ilegales, torpes y arbitrarias en las que está incurriendo el gobierno opacan y absorben el interés de la opinión pública y desplazan la atención del proceso electoral”, consideró el analista Luis Linares.
El experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) comentó que la situación actual refleja la incapacidad de los partidos y sus dirigentes de tomar postura frente a temas conflictivos. “Hasta el momento no hemos visto declaraciones de políticos que hablen del conflicto entre el gobierno y la Cicig, porque evaden la realidad para no comprometerse”, lamentó.
“Da la impresión que los políticos ven la crisis como si estuviera sucediendo en otro país, y se supone que es la gente que nos quiere gobernar”, añadió.