Asunción y San José. AFP y ACAN-EFE. Ecuador intentó ayer revivir el debate sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar un proyecto de resolución que propone mudar su sede de Washington, entre otros cambios que divide a la OEA.
El debate giró sobre el desarrollo con inclusión social, tema de consenso entre los 28 representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunidos desde el martes hasta hoy en Asunción, pero Venezuela denunció las posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de gobierno, mientras Chile y Bolivia cruzaron declaraciones sobre su diferendo marítimo.
Fuera del plenario, los diplomáticos afinaban posturas sobre un proyecto impulsado por el gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que sorprendió el martes a los cancilleres.
Una fuente diplomática que pidió el anonimato dijo que una reunión con la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) logró que Ecuador bajara el perfil a la iniciativa , a pedido de Brasil, Argentina y Uruguay.
El plan propone impedir que algunas áreas de la CIDH –entre ellas la Relatoría de Libertad de Expresión– cuenten con más financiamiento que otras y favorece “una revisión rigurosa” de los mandatos asignados a las relatorías, un pedido destinado a evitar aportes desiguales de los Estados a determinadas instancias.
La Relatoría de Libre de Expresión la que ha criticado los procesos judiciales emprendidos por el presidente Correa contra periodistas y opositores.
En este sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, pidió que la CIDH, como órgano autónomo de la OEA, “no sea instrumentalizada con fines políticos en contra de algunos países y no use doble rasero en su análisis”.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), había acusado anteriormente a la Relatoría de Libertad de Expresión de ser financiada “por el poder mediático internacional” contra los “Gobiernos progresistas”.
El proyecto propone mudar la CIDH de Washington a Haití, Costa Rica o Guatemala, por la supuesta influencia de Estados Unidos en el organismo de defensa y promoción de los derechos humanos.
Objeciones. Para Carmen Lomellin, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, es “un precedente muy peligroso” que los países miembros tengan control de la distribución de los recursos de la CIDH, como propone Ecuador.
Los cancilleres de México, Colombia y Paraguay dijeron que apoyaban la autonomía de este órgano tal como está ahora.
Adriana Orocú, presidenta de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, advirtió de que proyectos como el ecuatoriano “pretenden reducir a un cascarón este bastión de defensa del Sistema Interamericano como es la Comisión Interamericana”.
En San José, la Defensoría de los Habitantes pidió que Costa Rica defienda la Relatoría de Libre Expresión y se oponga en la Asamblea a los planes para reformarla.
El derecho a la libertad de expresión es “ fundamental para el fortalecimiento del sistema democrático” y su protección “requiere de todos los esfuerzos necesarios”, dijo la defensora, Ofelia Taitelbaum.
En vez de debilitarla, se impone fortalecer la Relatoría, resaltó.