Santo Domingo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confía en que podrá resolver el problema inmediato de su falta de recursos, pero teme por su autonomía.
La CIDH lleva meses anunciando su crítica situación económica: con $1 millón menos que el año pasado, informó en mayo que debió suspender las visitas a los países del continente y que corre el riesgo de tener que despedir a 40% de su personal.
Por esta razón, durante la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó el miércoles en Santo Domingo, la Comisión hizo una intensa campaña para atraer contribuciones de los 34 países miembros.
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El presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo al presentar su informe anual que recibió donaciones de Antigua y Barbuda y de Chile, además de promesas de recursos por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay.
"Si los recursos anunciados y otros adicionales llegaran a tiempo, podríamos evitar la grave crisis anunciada", dijo Cavallaro.
"Esto es fundamental para no dejar en la desprotección a las personas para quienes la Comisión es el último recurso y su última esperanza", añadió.
Pero, en el fondo, lo que preocupa a la CIDH no es solamente un asunto financiero.
Tras la presentación del informe anual el miércoles, Ecuador cuestionó duramente la CIDH y la acusó de parcializada y politizada. México, de su lado, consideró la necesidad de "fortalecer" a la comisión, pero no le destinó recursos.
"Llevamos tres años proponiendo a la OEA que hagamos una reforma importante con la Corte IDH, que es el sistema jurídico, y por qué no con la Comisión", dijo el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, en rueda de prensa.
"Esto no es ir en contra de los derechos humanos, es fortalecer, precautelar los derechos humanos en la región", añadió.
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Pero este lenguaje causa desconfianza dentro de la CIDH, que tiene su sede en Washington.
"Nos importa mucho el entendimiento y que los procesos sean en el ámbito de la autonomía e independencia de la Comisión, no que la expresión de 'fortalecimiento' sea un término eufemístico para debilitar", dijo Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la institución.
En este sentido coincidió Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, una organización con sede en Washington que sigue los informes de la CIDH .
"Conocemos este lenguaje", dijo a la AFP. "Existe un temor entre los que queremos el fortalecimiento de la CIDH y no su debilitamiento".
"Nuestra hipótesis es que esta vez vincularán o condicionarán el apoyo económico a la CIDH a algunos cambios que le pedirán para poder recibir este apoyo. Esto es muy peligroso", explicó.
Salazar señaló que los países que son objeto de duras críticas de parte de la CIDH , como Venezuela, Ecuador o México, no aportan recursos a la institución.
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Los gobiernos deben "atender su problemática y no descalificar al mensajero", comentó Álvarez Icaza a la AFP.
Órgano autónomo de la OEA, la Comisión se financia con recursos regulares de la organización y con donaciones voluntarias, provenientes tanto de países miembros como de terceros y organizaciones internacionales.
Pero los fondos de las contribuciones voluntarias —casi la mitad de su presupuesto— han caído en los últimos años a medida que los países europeos desviaron su atención a la crisis de los refugiados o el conflicto en Siria.
Álvarez Icaza señaló que la CIDH propone que los aportes de los países sean obligatorios y no voluntarios —cosa con la que concuerda Ecuador—, pero subrayó que "se requiere madurez política para poner en el centro de la gestión democrática la vigencia misma de los derechos humanos".